El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal encendió las alarmas por varios puntos del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Poder Ejecutivo mandó al Congreso. Si bien desde la entidad remarcan que cuidar las instituciones y la soberanía frente a injerencias extranjeras es un fin legítimo del Estado, advierten que ninguna norma puede pasar por arriba de los derechos y garantías que fija la Constitución Nacional.
Según señalaron los abogados porteños, la propuesta incluye artículos incompatibles con un derecho penal liberal. En particular, cuestionan la vaguedad y la falta de precisión a la hora de definir ciertas conductas que recibirían duras sanciones penales o administrativas. La principal preocupación pasa por los delitos vinculados a la interferencia en elecciones y a las campañas de desinformación masiva, ya que una redacción demasiado amplia termina poniendo en riesgo la libertad de expresión, la libre circulación de información y el debate público.
A su vez, desde el Colegio pidieron revisar las facultades previas para aplicar medidas preventivas sin un fallo definitivo, remarcando que cualquier acción de seguridad debe estar en sintonía con el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial. La institución ratificó su compromiso con el estado de derecho y el resguardo de las libertades públicas esenciales para la vida democrática.





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