El clima entre la sede del Gobierno porteño y el Sindicato de Camioneros se puso bastante caldeado. La administración de Jorge Macri dejó en claro que no piensa ceder ante la exigencia del gremio para incluir indemnizaciones multimillonarias en la próxima licitación del servicio de recolección de residuos. Para sumar más tensión al asunto, la Ciudad decidió penalizar a las empresas concesionarias que no completaron sus recorridos el día de la reciente marcha sindical realizada frente a la sede de la Comuna 1, ubicada en Humberto Primo al 200.
El conflicto central pasa por la llamada Ley Moyano, una práctica no escrita que el gremio mantiene desde 1998 para que, cada vez que finaliza un contrato o cambia la concesión, los trabajadores sean indemnizados y vuelvan a ser contratados manteniendo su antigüedad. En este caso, el reclamo abarca a 6.500 empleados y representa una cifra cercana a los 200 millones de dólares rumbo a 2028, año en que vencen las contrataciones vigentes. Ante esto, Pablo Moyano advirtió durante la movilización en la Comuna 1 que defenderán ese pago con la vida, prometiendo la cantidad de marchas, asambleas y paros que sean necesarios.
Sin embargo, desde el Ejecutivo porteño remarcan que no hay fundamento jurídico para sostener ese beneficio en los pliegos que regirán entre 2028 y 2038, posición que ya fue ratificada en la audiencia pública virtual realizada el pasado 5 de este mes y comunicada al secretario Gremial del sindicato, Marcelo Aparicio. Los nuevos pliegos se aprobarán en las próximas tres o cuatro semanas y las adjudicaciones se definirán entre este mes y febrero de 2027. De todas maneras, los funcionarios aclararon que las indemnizaciones del contrato actual sí se abonarán hasta 2028 porque están respaldadas por la normativa aprobada en la Legislatura.
La polémica también expone una contradicción normativa que señalan diversos analistas del sector: mientras el pliego licitatorio actual obliga al Gobierno de la Ciudad a abonar las indemnizaciones finales con fondos públicos, el artículo 19 de la Ley N° 4120 exige garantizar la continuidad laboral de la plantilla. De esta forma, el mecanismo termina financiando liquidaciones a trabajadores que jamás pierden su puesto ni un día de antigüedad. A este panorama se suma la decisión de multar a las empresas por los recorridos no realizados durante las protestas en San Telmo, lo que traslada a las firmas la potestad de aplicar los descuentos salariales a quienes abandonaron sus tareas para marchar.
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