El PRO y La Libertad Avanza volvieron a cruzar chispas en la Legislatura porteña con la reforma del Código Contravencional. Jorge Macri mandó su proyecto para endurecer penas apenas tres horas después de que el bloque libertario presentara el suyo, reabriendo la puja por la agenda de mano dura en las calles de la Ciudad.
Aunque ambos coinciden en aumentar el control del espacio público y sancionar con fuerza las actividades no autorizadas, la venta ambulante, los ruidos molestos y los alcoholemias positivas, se diferencian en varios puntos clave.
Para considerar a alguien reincidente, el texto del Ejecutivo fija un plazo de dos años e impone aumentos de penas del 50% en la primera recaída, dos tercios en la segunda y el doble para las siguientes. LLA estira el plazo a tres años, pero aplica recargos menores (un tercio en la primera y 50% en la segunda) dejando la decisión final en manos del juez.
La postura de la gestión de Jorge Macri es de tolerancia cero: elimina por completo la posibilidad de acceder a condenas en suspenso o a probations, obligando a que toda contravención vaya a juicio. El proyecto libertario, en cambio, contempla que los jueces puedan dar esos beneficios salvo para reincidentes o casos de violencia y desigualdad de género.
Por su parte, la propuesta del oficialismo suma castigos para la oferta o demanda de sexo en la vía pública, el vandalismo y la pegatinas de afiches. En tanto, la iniciativa firmada por la libertaria Solana Pelayo busca marcar cancha doctrinaria estableciendo la autonomía del código porteño para que no se aplique el Código Penal de la Nación ni de forma directa ni supletoria.
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