Este lunes los trabajadores de la recolección de residuos coparon las calles porteñas encabezados por Pablo Moyano. La movilización, que terminó concentrándose frente a la sede de la Comuna 1 en Humberto Primo 250 en lugar de la Legislatura porteña como se había anunciado en un principio, tuvo como eje central el reclamo por las indemnizaciones que rondan los 200 millones de dólares para los próximos contratos del servicio previstos entre 2028 y 2038. La protesta coincidió en horario con la audiencia pública y virtual en la que las autoridades analizan los anteproyectos para la higiene urbana de la Ciudad.
Durante la jornada, en la que se registraron algunos roces y refriegas entre los propios manifestantes, el secretario Gremial del Sindicato de Camioneros, Marcelo Aparicio, presentó una nota formal en la mesa de entradas comunal exigiendo que el Gobierno de la Ciudad mantenga el esquema indemnizatorio. Sin embargo, la gestión de Jorge Macri ya anticipó que no piensa incluir ese pago en los pliegos de las futuras concesiones una vez que venza la prórroga actual en septiembre de 2028.
El clima de tensión venía escalando desde la semana anterior, cuando durante una asamblea del sector Pablo Moyano advirtió que no iban a ceder ni un paso y que defenderían las indemnizaciones en la calle, instando a que manden a la policía o a los medios. A esta postura se suma la certidumbre a medias sobre lo que ocurrirá con las partidas destinadas a resarcir a los 6 mil trabajadores del área cuando finalice el contrato vigente, ya que el gremio desconfía de si el Presupuesto 2027 que el Ejecutivo enviará a la Legislatura contemplará los fondos necesarios.
El mecanismo en discusión se basa en el ítem de Indemnizaciones Finales del pliego actual, el cual dispone que al concluir la concesión el Gobierno porteño abona a las empresas adjudicatarias los montos para que indemnicen a su personal. Varios analistas y sectores señalan una contradicción normativa entre esa cláusula y el artículo 19 de la Ley 4120 de higiene urbana, que obliga a garantizar la continuidad laboral de la plantilla completa, generando que el Estado termine financiando despidos ficticios a empleados que continúan trabajando en las mismas tareas sin perder un solo día de antigüedad.
La costumbre de aplicar la llamada Ley Moyano, que carece de sustento legal y se sostiene por el peso del gremio desde la finalización del contrato con Manliba en 1998, se consolidó en 2012 cuando la Legislatura porteña emitió un bono de 220 millones de pesos para pagar resarcimientos. El mismo esquema se replicó en municipios como Avellaneda y Moreno, en distribuidoras privadas como Cervecería Quilmes, DHL, FedEx, en depósitos tras la venta de Walmart al Grupo Narváez —donde se repartió una gratificación de más de 227 millones de pesos— y en 2022 durante el traspaso de los 500 trabajadores del sistema de grúas a SBASE, que implicó un desembolso total de 2000 millones de pesos.
La negativa oficial a liquidar indemnizaciones en 2024 ya había desatado asambleas agitadas en la empresa Cliba, donde empleados increparon a delegados por las garantías de cobro a futuro y tildaron de traidor al dirigente gremial. Frente a las críticas, el propio Aparicio reconoció en un video interno que el cobro indemnizatorio manteniendo la antigüedad constituye un privilegio que no figura en la ley pero que representaba una conquista del sector.
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