El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que no va a incluir el pago de indemnizaciones en los próximos contratos de recolección de basura, una postura que profundiza la tensión con el Sindicato de Camioneros. La disputa salpica a unos 6.500 trabajadores de la higiene urbana y se da justo cuando se prepara la renovación de las concesiones, que arrancarán en septiembre de 2028.
Además, la gestión de Jorge Macri decidió sancionar a las empresas concesionarias que dejaron tramos sin hacer durante la última protesta del gremio, lo que sumó más chispas a la relación con la conducción de Hugo y Pablo Moyano.
El meollo de la cuestión pasa por el esquema de indemnizaciones al terminar los contratos. Desde hace décadas, el gremio viene reclamando que, cuando cambia la empresa, los recolectores cobren una compensación económica y sean reincorporados por la nueva firma, manteniendo la antigüedad y los derechos laborales. Sin embargo, para la Ciudad este mecanismo ya no va más en los nuevos pliegos porque la continuidad laboral está asegurada. De acuerdo a estimaciones oficiales que publicó Infobae, el monto total que pide el gremio roza los 200 millones de dólares.
Aun así, desde el Ejecutivo porteño reconocieron que sí van a tener que abonar lo que corresponde al contrato actual, que vence en 2028, ya que está contemplado en el marco normativo vigente. En ese esquema, las empresas hacen los cálculos, la Ciudad los audita y luego transfiere la plata para efectuar los pagos.
Desde el Gobierno se agarran del artículo 19 de la Ley 4120, que garantiza que los empleados sigan trabajando en el servicio, para argumentar que no hace falta agregar nuevas indemnizaciones a futuro. En la vereda opuesta, Camioneros defiende este sistema como una conquista histórica y asegura que no va a ceder ni un metro si eso implica perder derechos económicos.
La semana pasada, en una marcha frente a la sede de la Comuna 1, Pablo Moyano advirtió que van a endurecer las medidas de fuerza si no hay marcha atrás. El dirigente remarcó que harán las marchas, asambleas y paros que sean necesarios para defender el pago con la vida.
La nueva licitación abarcará el período 2028-2038. Fuentes del Ejecutivo señalaron a Infobae que los pliegos finales saldrían en las próximas semanas, mientras que las adjudicaciones se definirían entre octubre de este año y febrero de 2027. La postura oficial ya se la habían anticipado al secretario Gremial del sindicato, Marcelo Aparicio.
Por otra parte, la decisión de multar a las contratistas por las fallas en los recorridos responde, según la Ciudad, al régimen habitual de control contractual. Resta ver si el impacto económico de esas sanciones termina salpicando los sueldos del personal, aunque por el momento no se informaron descuentos salariales directos a quienes se movilizaron. Así, con las licitaciones en marcha y el gremio plantado en la calle, el futuro laboral de los 6.500 recolectores se perfila como un punto central de la agenda gremial porteña.
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