En medio del debate por la futura concesión del servicio de higiene urbana para el período 2028-2038, el Gobierno porteño confirmó en audiencia pública que los nuevos pliegos no contemplan el pago de indemnizaciones ni la recontratación obligatoria de los trabajadores al finalizar los contratos actuales. La posición oficial encendió las alarmas en el gremio de Camioneros, conducido por Hugo y Pablo Moyano, que exige la aplicación del mecanismo conocido como «Ley Moyano», una práctica del sector mediante la cual las empresas indemnizan al personal y lo vuelven a recontratar tras la finalización de cada concesión.
Durante la jornada, el sindicato llevó adelante una movilización en el Bajo porteño, concentrándose frente a la sede de la Comuna 1. La marcha estuvo encabezada por Pablo Moyano y el secretario gremial Marcelo Aparicio, quienes entregaron una nota exigiendo la inclusión del pago de indemnizaciones, sosteniendo que se trata de un derecho adquirido. Según estimaciones del sector, la compensación para los cerca de 6.000 recolección y barrenderos implicaría un monto aproximado de 200 millones de dólares, lo que repercutiría directamente en el costo final del servicio para la Ciudad.
Paralelamente, las condiciones del nuevo pliego presentadas por el secretario de Higiene, Matías Lanusse, introducen cambios sustanciales en la operatoria de la limpieza de las calles. La propuesta del Ejecutivo local establece un esquema de pago combinado entre una suma fija y un componente variable, donde los ingresos de las contratistas dependerán del cumplimiento operativo, encuestas a los vecinos y el seguimiento de reclamos por barrio. Para controlar la prestación se proyecta la implementación de herramientas tecnológicas como monitoreo satelital en camiones, sensores de llenado en contenedores y la incorporación de inteligencia artificial para la fiscalización del servicio.
El plan contempla además la unificación de la provisión y mantenimiento de cestos y contenedores a cargo de una firma especializada, la adaptación de frecuencias según el flujo peatonal y requerimientos estacionales, y la integración formal de la recolección diferenciada con cooperativas de recicladores urbanos. A su vez, se prevé el inicio de estudios de factibilidad para una planta de valorización energética de residuos. La audiencia pública, desarrollada de manera virtual, contó con la participación de funcionarios, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, y continuará en los próximos días antes del armado definitivo de la licitación que la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, prevé convocar para el año 2027.
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