El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal encendió las alarmas por varios puntos del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que envió el Ejecutivo al Congreso. Desde la entidad remarcaron que, si bien cuidar la soberanía y proteger las instituciones democráticas de injerencias externas son metas legítimas, los caminos para lograrlo tienen que respetar sí o sí los derechos y garantías de la Constitución Nacional.
El foco principal del reclamo está en la falta de claridad de algunas conductas que se pretenden sancionar de forma penal o administrativa. Según advirtieron, el principio de legalidad exige que todo lo que esté prohibido quede bien especificado sin dar lugar a ambigüedades.
Además, los abogados pusieron la lupa en los apartados sobre injerencia electoral y las llamadas campañas de «desinformación masiva», alertando que su redacción tan amplia puede terminar afectando la libertad de expresión, la circulación de información y el debate público. Por último, pidieron revisar la facultad de aplicar medidas preventivas antes de un fallo definitivo, garantizando siempre el debido proceso, el derecho a defenderse y una tutela judicial efectiva.
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