El debate por el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad volvió a poner el foco en la Constitución y el futuro de los tribunales laborales. El acuerdo firmado el 9 de febrero de 2026 entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires busca transferir estas competencias a la órbita porteña, pero incluye una cláusula que plantea el cierre definitivo del fuero una vez que terminen las causas actuales.
Esta medida genera preocupación porque, al discontinuar el funcionamiento del fuero sin garantizar la inamovilidad de los jueces y del personal, se vulneraría el artículo 110 de la Constitución Nacional. Si bien la reforma de 1994 habilitó la autonomía de la Ciudad y fijó que la justicia ordinaria fuera ejercida por magistrados locales, el convenio modifica el criterio de inamovilidad por el de «función judicial», lo que implica separar la jurisdicción de quienes la ejercen. La Corte Suprema ya ha señalado previamente que vaciar de contenido la jurisdicción de los jueces designados por concurso atenta contra la estabilidad e independencia del Poder Judicial.
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