Prisión preventiva para el funcionario judicial que se negó a pagar un viaje en taxi frente a Tribunales

Un viaje en taxi que arrancó en la terminal porteña de Retiro terminó en un escándalo judicial en los tribunales provinciales de Rosario. Gonzalo Sebastián O., un empleado judicial de 30 años que trabaja en el archivo del edificio de Balcarce y Pellegrini, quedó detenido con prisión preventiva tras ser acusado de estafar a un chofer porteño y por encubrimiento agravado de autos robados.

El episodio con el taxista ocurrió durante la madrugada del martes 14 de junio. Alrededor de las dos de la mañana, el acusado se subió a una unidad de la empresa City Taxi en la playa de estacionamiento de Retiro y pactó con el chofer que lo llevara hasta Rosario por un monto acordado de 35 mil pesos. Cerca de las cinco de la madrugada llegaron al destino fijado en los tribunales rosarinos. En ese momento, el pasajero le pidió al conductor que lo esperara afuera mientras subía a buscar la plata para pagar el traslado, pero entró al edificio y nunca más salió.

Al ver que pasaba el tiempo y no había novedades, el taxista decidió entrar a los tribunales para dar con el pasajero. Empezó a avisarle a la Policía y a pedir ayuda a los testigos que estaban en el lugar para rastrearlo. Varias horas después, el personal logró ubicar al empleado en el área de archivo del subsuelo, donde ya se había cambiado la ropa que llevaba puesta durante el viaje. Salió de allí esposado.

Durante la audiencia, el fiscal de Flagrancia Franco Carbone le imputó formalmente el delito de estafa en calidad de autor. Según la fiscalía, el acusado fingió desde el inicio una solvencia e intención de pago que no tenía, sabiendo de antemano que no pensaba abonar el servicio al arribar a destino. Además del perjuicio directo de los 35 mil pesos convenidos, la fiscalía remarcó que el chofer acumuló una pérdida estimada en 42 mil pesos si se suman las horas muertas de espera y la búsqueda dentro del palacio judicial.

La situación del empleado se agravó con otra imputación previa, fechada el 19 de mayo. Aquella tarde lo habían interceptado en la playa de estacionamiento de un hipermercado ubicado en Oroño y Ombú, sentado al volante de un Citroën C3 bordó. El vehículo en cuestión tenía pedido de secuestro tras haber sido robado el 11 de mayo en calle Entre Ríos al 2400. Al chequear la chapa patente colocada, la policía constató que pertenecía a otro rodado con captura activa: una Volkswagen T-Cross gris oscuro sustraída a mano armada el 3 de mayo en Pasco al 800. Por este hecho, el fiscal le achacó el delito de encubrimiento agravado en concurso ideal, al considerar que, si bien no participó en los robos violentos, conocía la procedencia ilícita del coche que manejaba.

Ante este cuadro, y con la intervención del defensor público César Baroni en representación del acusado, el juez Florentino Malaponte hizo lugar al pedido judicial y dictó la prisión preventiva efectiva por 23 días, fijando su vigencia hasta el próximo 8 de julio.

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