La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en pleno barrio de Monserrat dentro de la Comuna 01, fijó fecha para una sesión especial clave pautada para el jueves 3 de septiembre a las 12 del mediodía. El objetivo central del encuentro es definir quiénes estarán al frente de dos organismos fundamentales para el día a día y las garantías de los vecinos: el Fiscal General del Ministerio Público Fiscal porteño y el titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, junto con sus respectivos adjuntos y adjuntas.
La convocatoria se formalizó a través del Decreto N.° 31/PSP/26, firmado el pasado 13 de agosto por la presidenta del cuerpo legislativo, Clara Muzzio. Con esta firma se le dio curso formal a los expedientes que reúnen las candidaturas y propuestas para estos roles institucionales de control y administración de justicia.
En lo que respecta al Ministerio Público Fiscal, el candidato impulsado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, es Martín López Zavaleta, quien actualmente ya se encuentra a cargo del organismo. En la instancia previa de audiencia pública llevada a cabo en el palacio legislativo, López Zavaleta detalló cuál es su plan de trabajo en caso de quedar ratificado: hizo foco en agilizar los tiempos de respuesta del sistema judicial, mejorar el acceso a la Justicia para la gente, reforzar la protección de las víctimas y estructurar una política criminal que responda de forma directa a las demandas reales que tienen quienes viven y transitan la Ciudad.
A su vez, el postulante remarcó la importancia de profundizar la autonomía judicial de la Ciudad mediante el traspaso pendiente de las competencias de la justicia ordinaria, lo que incluye al fuero Criminal y Correccional, además de los fueros Civil, Comercial y Laboral. Para que su nombramiento quede sellado, la Constitución de la Ciudad exige una mayoría calificada: necesitará cosechar el respaldo de dos tercios de los legisladores en el recinto.
Durante la misma jornada parlamentaria se tratará la designación del Defensor o Defensora del Pueblo de la Ciudad y su equipo de adjuntos. La normativa vigente —tanto la Constitución porteña como la Ley 3— exige que esta definición se concrete específicamente en el marco de una sesión especial convocada con no menos de diez días de antelación, requisito que quedó cubierto con el decreto emitido. De este modo, la cita del mediodía del 3 de septiembre concentrará las decisiones sobre cargos que tienen a su cargo velar por los derechos ciudadanos y la persecución penal en el ámbito porteño.
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