La Legislatura de la Ciudad aprobó la Ley de Libertad Comercial, una norma impulsada por la legisladora Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza, que contó con 32 votos afirmativos y el apoyo clave del PRO. La medida busca desregular y simplificar la burocracia para la apertura de comercios y actividades económicas en los barrios porteños.
Entre las novedades principales, los locales considerados de bajo riesgo podrán abrir sus puertas desde el primer día con una constancia provisoria tras presentar la declaración jurada y la documentación, eliminando la inspección previa obligatoria. Las verificaciones del Gobierno porteño pasarán a ser posteriores, con un plazo máximo de 180 días; si la inspección no se realiza en ese tiempo por causas ajenas al comerciante, la habilitación se transformará automáticamente en definitiva.
La ley también suma el silencio administrativo positivo, haciendo que las solicitudes no contestadas en término se consideren aprobadas, además de implementar la digitalización total de los trámites. A su vez, otorga la posibilidad de corregir faltas menores antes de aplicar una clausura y permite la comercialización de bienes producidos en otras provincias sin necesidad de duplicar registros locales.
«Hay que seguir eliminando trabas del Estado», remarcó Ramírez, quien sostuvo que la iniciativa busca hacerle la vida más fácil a quienes trabajan e invierten en la Ciudad.








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