El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal encendió las alarmas y manifestó su firme preocupación tras la publicación del Decreto 467/2026. La medida oficial modifica los decretos 222/2003 y 588/2003, recortando los mecanismos que regulaban la selección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General y la Defensoría General.
Desde la entidad de abogados porteña advierten que la norma elimina las instancias de participación ciudadana que funcionaban desde hace más de dos décadas, un espacio donde universidades, colegios profesionales y organizaciones sociales podían presentar observaciones antes de que los pliegos llegaran al Senado. Asimismo, señalaron con preocupación que se derogaron las pautas que garantizaban la diversidad de género, procedencia y trayectoria profesional en el máximo tribunal, advirtiendo que esta decisión representa un retroceso innecesario en materia de transparencia, calidad institucional y control público sobre la justicia.
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