La tensión entre la Ciudad y el Sindicato de Camioneros subió varios escalones. El gobierno porteño ratificó que Jorge Macri no va a incluir el pago de indemnizaciones para unos 6.500 recolectores de residuos en los pliegos de licitación que regirán entre 2028 y 2038, rechazando el reclamo de 200 millones de dólares del gremio. Desde la Ciudad consideran que ese mecanismo —conocido como la «Ley Moyano», aplicado desde 1998— es un privilegio sin sustento jurídico.
La respuesta no tardó en llegar: Pablo Moyano advirtió que defenderán el pago con paros y asambleas, tras haber encabezado una marcha a la sede de la Comuna 1, en Humberto Primo al 200. Frente a esto, el Ejecutivo porteño penalizará a las empresas concesionarias que no hayan cubierto las rutas el día de la protesta, lo que les da pie para descontar el día a quienes no trabajaron.
Mientras la Ciudad aclaró que sí pagará las indemnizaciones del contrato vigente hasta 2028 por estar respaldadas por ley, el conflicto queda totalmente abierto para la licitación del próximo decenio.
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