El Gobierno de la Ciudad puso en marcha un plan de ordenamiento e intensificó los controles de acceso en la Villa 31 con el objetivo de frenar las construcciones e intervenciones informales. La iniciativa, coordinada por la Jefatura de Gabinete junto a las áreas de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat, y la Secretaría Legal y Técnica, contempla restricciones al ingreso de materiales de construcción, la clausura de corralones ilegales, el desalojo de espacios ocupados sin autorización y un mayor despliegue de la Policía de la Ciudad.
Dentro del esquema de Control de Accesos, cinco de las trece entradas vehiculares del barrio se transformaron en pasajes peatonales y tres pasaron a contar con vigilancia policial permanente, sumándose a los tres puestos que ya funcionaban. También se modificó el sentido de dos calles, se instalaron bolardos y se implementaron operativos móviles y rotativos. Los procedimientos se focalizaron en puntos clave como Colibrí y Ramos Mejía, Yaguareté e Islas Galápagos, y Colibrí con Alberto Chejolán.
Estas medidas se despliegan en un territorio de 72 hectáreas donde viven cerca de 45 mil personas, en un contexto donde el proceso de urbanización iniciado en 2016 bajo la Ley 6.129 no logró contener el crecimiento ni ordenar el desarrollo del barrio. En las últimas semanas, las autoridades desarticularon una feria ilegal sobre la calle Perette, retiraron instalaciones no autorizadas en las veredas y derribaron una casilla utilizada como búnker para la venta de drogas.
El freno a la venta de «espacios aéreos» y ampliaciones sin regulación busca contener la expansión inmobiliaria informal dentro de la Villa 31, donde los alquileres oscilan entre los $300 mil y $1 millón mensuales, y los locales comerciales alcanzan hasta $1,8 millones, consolidando un mercado paralelo al margen del control estatal.
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