Jueces y juezas alineados en COPAJU Argentina salieron a bancar con fuerza el reclamo del Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares. El pronunciamiento se dio en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, donde los párrocos le exigieron a la gestión de Jorge Macri medidas concretas para los sectores más postergados de la Ciudad.
Desde el Comité, coordinado por César Raúl Jiménez, levantaron el guante ante denuncias como el secuestro de carros a cartoneros, la quita de mercadería a vendedores ambulantes, la violencia institucional, los maltratos a gente en situación de calle y el desprestigio a quienes garantizan comida y abrigo. Según señalaron las magistradas y magistrados, estas prácticas no son hechos aislados, sino el reflejo de un discurso que busca convertir la pobreza en una amenaza.
Asimismo, recordaron palabras del Papa Francisco sobre el problema ético de generar descartados para ocultarlos y advirtieron que ninguna norma puede avanzar a costa de los vulnerables. Frente a las demandas de los curas, ratificaron que cartoneros, ambulantes y vecinos de villas son titulares plenos de derechos, y exigieron al Gobierno porteño frenar de inmediato el hostigamiento, evitar discursos estigmatizantes, abrir mesas de diálogo reales y devolver el financiamiento a las obras de infraestructura en los barrios populares.
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