La CGT se plantó en la Justicia y metió un amparo para frenar artículos clave de la Ley de Modernización Laboral, tildándolos de arbitrarios e inconstitucionales. La central obrera exige que no se avance con el cierre de la Justicia Nacional del Trabajo y pide una medida cautelar para suspender los artículos 90 y 91 de la ley 27.802, además del convenio que busca traspasar las competencias laborales a la Ciudad de Buenos Aires.
La presentación judicial contra el Estado nacional quedó radicada en el Fuero Contencioso Administrativo, bajo el juzgado a cargo de Enrique Lavié Pico. Entre los argumentos principales, el gremio señala irregularidades en el debate legislativo: remarca que el tratamiento se dio en sesiones extraordinarias sin la justificación de urgencia que exige la Constitución Nacional y que la transferencia del fuero ni siquiera figuraba en el proyecto original enviado al Congreso.
Según advierten desde la central, la medida no solo pone en riesgo los derechos de los trabajadores que tienen juicios en marcha o por iniciar, sino que también impacta de lleno en los empleados y funcionarios que desempeñan sus tareas en la propia Justicia laboral.
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