La gestión de Jorge Macri ya acumula más de 700 desalojos en la Ciudad de Buenos Aires, una cifra que el propio gobierno porteño difunde con orgullo mientras miles de familias terminan en la calle en medio de una crisis habitacional cada vez más pesada.
En barrios como La Paternal, San Telmo, Constitución y San Cristóbal, los operativos se multiplican bajo una política de criminalización. La metodología habitual pasa por alto el protocolo legal clásico —que exige una notificación previa para abrir un juicio— y apela a la Guardia de Auxilio. Con la excusa de un supuesto peligro de derrumbe que no se prueba en el momento, los efectivos ingresan, muchas veces sin orden de inspección, y retiran a los vecinos bajo la figura de evacuados, dejándolos sin opción de defensa ni más alternativa que acudir a un parador.
La mayoría de los inmuebles afectados están en las denominadas Áreas de Desarrollo Prioritario (ADP). Aunque el discurso oficial habla de revitalizar y buscar zonas integradas, la revalorización de estos espacios apunta al negocio inmobiliario, dejando afuera a familias que en muchos casos llevan más de 30 años viviendo allí. Carla López, investigadora del CONICET e integrante del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), señala que para frenar esto se debería cumplir estrictamente el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, el cual obliga al Estado a garantizar el acceso a una vivienda digna, priorizar a los sectores vulnerables y reducir el déficit habitacional.
Los casos recientes muestran que no se trata de hechos aislados: – En Burzaco 1236 (Parque Chas), las fuerzas públicas entraron por la fuerza e ilegalmente luego de que los vecinos exigieran la orden correspondiente.
– En San Blas 1974 (La Paternal), 40 familias con menores, adultos mayores y personas con movilidad reducida sufrieron un intento de desalojo por presunto peligro de derrumbe.
– En Cochabamba 2642 (San Cristóbal), la Ciudad ejecutó un operativo junto a la policía y dejó en la calle a más de 30 familias, ignorando un proceso judicial en curso.
– En Estados Unidos 851 (San Telmo), el desalojo fue violento y sin previo aviso, impidiendo a los habitantes presentar un informe técnico independiente.
– En Alsina 380 (Monserrat), la Guardia de Auxilio desplegó revisiones por supuestos riesgos edilicios en la Manzana Franciscana.
– En Carlos F. Melo 580 (La Boca), se clausuró una vivienda y un conventillo para iniciar una demolición, aunque las familias lograron frenarlo abriendo una mesa de diálogo.
– En el Hotel Luján (Virrey Cevallos 1700, Constitución), que integra el programa oficial Hotelados, se pretende desocupar administrativamente el lugar y sacar a más de 40 familias que hoy pelean por una alternativa en un expediente activo.Organizaciones como la Consejería de la Vivienda —donde participa Gigi Krein— y la Coordinadora contra los Desalojos acompañan la lucha vecinal brindando asesoramiento legal frente a una problemática que expone la falta de respuestas estructurales en la Ciudad.
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