A tres décadas de que se sancionara la Constitución porteña, la relación entre el sistema judicial y el desarrollo urbano sigue estando en el centro del debate en la Ciudad. El urbanista Andrés Borthagaray reflexionó sobre esta dinámica y remarcó que, si bien la norma madre porteña fue de vanguardia, su aplicación práctica todavía no se completó.
El especialista explicó que ir a la justicia para exigir que se cumpla la Constitución no busca frenar proyectos, sino impulsar cambios urbanos positivos. De hecho, recordó que avances clave como la puesta en marcha de las comunas se concretaron gracias a reclamos judiciales, ya que no se habían implementado en 2001 como estaba previsto. Asimismo, un proyecto de transporte que preveía túneles viales terminó convirtiéndose en una obra de transporte público tras un planteo judicial por la falta de evaluación ambiental y audiencia pública.
No obstante, Borthagaray advirtió sobre las deudas pendientes en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los puntos más críticos señaló la falta de preservación del patrimonio arquitectónico frente a lógicas que atentaban contra su protección, y el postergado acceso público al río, un derecho contemplado en la Constitución en el que la Ciudad continúa demorada.
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