A tres décadas de su sanción en 1995, la conocida Ley Cafiero sigue estando en la mesa cada vez que la Ciudad de Buenos Aires y la Nación discuten por el reparto del poder. Aunque muchos la den por superada o hablen del fin de su texto original, la norma 24.588 no fue derogada y mantiene su validez como el marco normativo que ordena la transferencia gradual de competencias porteñas.
El corazón del asunto está en su artículo 6, que fijó que los traspasos no serían automáticos sino mediante convenios. Con ese mecanismo, la autonomía avanzó en casilleros clave como la seguridad, donde a partir de las reformas iniciadas en 2007 y los acuerdos de 2016 la Ciudad terminó consolidando su propia fuerza policial. En materia judicial el proceso fue en etapas, primero con la transferencia penal y recientemente con los pasos dados para el traspaso del fuero laboral, un acuerdo firmado a principios de 2026 que hoy suma debates en la Justicia.
Sin embargo, el freno nacional se sostiene en varias áreas estratégicas. El Puerto de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble continúan bajo el control y la órbita de organismos del Estado nacional. Mientras estas competencias y registros sigan sin migrar a la órbita porteña, la ley ideada por Antonio Cafiero continuará funcionando como la llave de una transición institucional que lleva 30 años sin cerrarse del todo.
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