Requerimientos legislativos sobre asistencia a personas en situación de calle

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves una serie de pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo local. Las iniciativas, presentadas por bloques opositores como Fuera por Buenos Aires, buscan profundizar el conocimiento sobre distintas problemáticas sociales de la Ciudad, enfocándose en la gente en situación de calle, el acceso a la vivienda y los dispositivos de asistencia. La idea de todo esto es conseguir información detallada sobre los relevamientos oficiales, cómo funcionan los Centros de Inclusión Social, el programa Red de Atención y el impacto que tienen los desalojos en el acceso a un techo.

Uno de los proyectos aprobados pide precisiones sobre el Relevamiento de Personas en Situación de Calle (REPSIC), que se hace en cumplimiento de la Ley 3.706. En concreto, los legisladores quieren saber al detalle la metodología usada, los criterios de medición, la cobertura en el territorio, el personal que trabaja en eso y el presupuesto asignado. Además, están exigiendo datos sobre la participación de organizaciones sociales o universidades, y si existen auditorías posteriores al operativo.

Por otro lado, se dio luz verde a un pedido de informes enfocado en los Centros de Inclusión Social (CIS), los lugares destinados a alojar a las personas en situación de vulnerabilidad. El texto reclama números claros sobre la cantidad de centros que están funcionando, cómo se gestionan, cuántas plazas tienen libres, los perfiles de la población que atienden y qué condiciones se piden para ingresar. También le pusieron la lupa a las actividades que se hacen adentro, la capacitación del personal, la atención de salud y cómo viene la mano con los nuevos modelos como las “Casas Familia”.

La cosa no quedó ahí, porque también se aprobó un requerimiento sobre el programa Red de Atención, que es el continuador del Buenos Aires Presente (BAP) y que labura en el territorio con equipos móviles y la línea 108. Para este caso, se piden datos sobre los recursos humanos, la cantidad de vehículos, los recorridos que hacen y cómo funcionan los Dispositivos de Primer Acercamiento (DIPA), contemplando la chance de sumar nuevas unidades móviles. A su vez, el Ejecutivo va a tener que explicar la reducción presupuestaria prevista para 2026 y por qué se mantiene la misma meta de personas asistidas cuando la población en situación de calle viene aumentando.

Para cerrar, el último pedido de informes aprobado apunta directo a los procesos de desalojo y su impacto habitacional. Con esto se busca reconstruir qué pasa con las trayectorias de las personas afectadas antes, durante y después de que las desalojen. Esto incluye saber cuál fue la intervención del Estado previa al operativo, la asistencia que se les dio en el momento y qué soluciones de vivienda se les ofrecieron después. Por último, quieren saber si hay mecanismos para identificar temprano el riesgo de terminar en la calle y si existen sistemas integrados de información para seguir de cerca estos casos.