Pedido de informes en la Legislatura porteña por un polémico operativo a feriantes en la Comuna 1

Se armó revuelo en la Legislatura porteña por lo que pasó el 22 de junio en la esquina de Perú y Avenida de Mayo, pleno corazón de la Comuna 1. Resulta que la legisladora Graciana Peñafort metió un proyecto de resolución para exigirle al Gobierno de la Ciudad un informe súper detallado sobre el operativo que se mandaron ese día justo donde laburan los feriantes y artesanos. La movida viene acompañada por las firmas de los diputados Andrea Mariana González y Alejandro Salvatierra bajo el expediente 2260-D-2026, y básicamente lo que quieren saber es qué organismo mandó a hacer el procedimiento, quiénes dieron las órdenes y en qué ley o fundamento administrativo se apoyaron para avanzar.

La cosa viene con bastante tensión porque, según explican los autores de la iniciativa, en ese momento estaba vigente una medida cautelar dictada por un amparo que obligaba al Gobierno porteño a no tocar nada ni modificar la situación de la feria de Perú y Avenida de Mayo. Por eso mismo, el pedido de informes va al hueso: pregunta si el Ejecutivo estaba al tanto de este freno judicial, si los notificaron formalmente y por qué siguieron adelante con todo el despliegue a pesar de la cautelar. Además, quieren saber si los agentes se comunicaron con el juzgado que intervenía y quién dio la orden de no parar el operativo una vez que ya les habían avisado que la justicia había frenado la movida.

El ojo también está puesto sobre cómo actuó el personal en la calle. El proyecto pide precisiones sobre la cantidad de agentes que metieron en el lugar, a qué dependencias respondían, si hubo presencia de la Policía de la Ciudad y si todo el mundo estaba bien identificado con sus uniformes y credenciales visibles, tal como marcan los protocolos vigentes.

Para colmo, saltó el detalle de una camioneta Volkswagen Amarok con la patente AB978RJ que andaba dando vueltas por ahí. Los legisladores quieren que el Gobierno aclare si el vehículo se usó para el operativo, qué relación tiene con la administración de la Ciudad y a nombre de quién está registrado. La sospecha viene por el lado de presuntas irregularidades en la chapa del vehículo y un historial de infracciones de tránsito que saltaron en el dominio, así que también exigen saber si el Ejecutivo abrió alguna investigación interna o tomó cartas en el asunto. El objetivo de todo esto, según explican los fundamentos, es transparentar el accionar público, asegurar que se respeten las decisiones de la justicia y cuidar que nadie actúe en la vía pública sin la identificación que corresponde.