Histórico traspaso: la Legislatura aprobó la transferencia de la Justicia Laboral a la Ciudad

En una nueva sesión ordinaria y con la presencia de los distintos bloques políticos en el recinto, la Legislatura porteña sacó adelante un paquete de medidas de peso para la Ciudad, entre las que se destaca la aprobación de la transferencia de la Justicia Laboral Nacional a la órbita porteña. La iniciativa, enviada por la Jefatura de Gobierno, se aprobó con 36 votos a favor, 2 en contra y 20 abstenciones, marcando un paso central en la autonomía jurisdiccional que viene planteada desde la reforma constitucional de 1994.

El convenio marco para este traspaso, firmado en febrero de 2026 entre la administración local y el Estado Nacional, define con claridad cómo se van a repartir los expedientes: todos los juicios laborales que hayan arrancado antes de que empiece a funcionar la nueva estructura van a seguir su curso en la Justicia Nacional del Trabajo, mientras que las demandas que se inicien a partir de su puesta en marcha tramitarán directamente en el flamante Fuero del Trabajo de la Ciudad. El proceso se apoya en el artículo 129 de la Constitución Nacional y en las leyes locales 6.789 y 6.790, que crearon el fuero laboral porteño y su esquema procesal. Con esto, la Ciudad asume la tarea de nombrar a los jueces y fiscales por las vías institucionales correspondientes y de poner los recursos necesarios, mientras que Nación se comprometió a mandar las partidas presupuestarias de forma paulatina y a dejar de cubrir vacantes en los juzgados nacionales respecto a las competencias que se transfieren.

Por otra parte, los diputados votaron por unanimidad, con 56 votos afirmativos, la homologación de las condonaciones de deudas impositivas resueltas por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). Este proyecto, que también impulsó el Ejecutivo de la Ciudad, contempla obligaciones pendientes en patentes, gravámenes inmobiliarios e Ingresos Brutos. La medida responde a lo establecido por el Código Fiscal local, que obliga a pasar por la Legislatura para validar el perdón fiscal que el organismo recaudador otorgó durante 2025 y 2026 a un grupo acotado de contribuyentes por diferentes importes.

El temario de la jornada sumó también cambios de fondo en la Carta Orgánica del Banco Ciudad. A partir de lo aprobado, la entidad bancaria tiene la obligación de volcar la totalidad del remanente que le quede tras cubrir sus reservas y capital a abaratar los créditos hipotecarios para los vecinos de la Ciudad, ya sea bonificando tasas de interés o achicando los gastos administrativos. Este esquema reemplaza al mecanismo anterior, donde esos excedentes se giraban directo al presupuesto central para destinarse a obras sociales y programas de vivienda.

En materia de reconocimiento social, se aprobó la extensión permanente del subsidio especial para los excombatientes de la Guerra de Malvinas que ya se encuentren jubilados. Hasta el momento, este beneficio estaba reservado únicamente para quienes continuaban en actividad laboral, pero con esta ley se asegura que lo sigan cobrando después de retirarse y se abre el derecho a quienes ya estén jubilados, con la sola condición de presentar el certificado oficial de veterano. La ayuda económica mantiene su carácter de personal, vitalicia, intransferible y compatible con otras prestaciones previsionales, cobrándose únicamente de forma directa por el titular, sin posibilidad de derivarla a familiares.

Para cerrar la ronda de votaciones, el cuerpo legislativo sancionó la ley que simplifica el trámite del pase libre de subte para jubilados, pensionados y retirados de las fuerzas armadas y de seguridad. La norma elimina por completo las gestiones virtuales y las exigencias intermedias: el trámite pasa a ser exclusivamente presencial, presentando el DNI y el último recibo de haberes para certificar ingresos y domicilio, siempre que el monto percibido no supere el tope de dos haberes mínimos jubilatorios y medio. Para garantizar un acceso directo y sin vueltas tecnológicas, el beneficio se entregará mediante una tarjeta magnética física, sin vinculación con aplicaciones de pago ni entidades bancarias, facultando al Gobierno local a constatar los datos previsionales de los solicitantes mediante cruces de información con otros organismos.