Marco normativo para la regularización de edificaciones fuera de regla

El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires mandó a la Legislatura un proyecto de ley bastante pesado que busca meter en regla todas esas obras y edificaciones que hoy en día están en infracción. La idea, que lleva la firma del jefe de Gobierno Jorge Macri, es ordenar un panorama que se ve un montón por todo el territorio porteño y darle una vuelta de tuerca legal a las construcciones que quedaron al margen del sistema. Según lo que explicaron desde el Ejecutivo, la movida apunta a solucionar un problema estructural de fondo: los inmuebles no declarados o fuera de norma terminan tirando abajo el valor de las propiedades, traban las operaciones inmobiliarias y complican el acceso a los créditos. Con esto buscan traer más seguridad jurídica y, de paso, reactivar un poco el mercado inmobiliario.

El plan que armaron contempla la creación de un Régimen Especial de Regularización que va a durar un año en principio, con la chance de estirarlo por un periodo igual por única vez. Durante ese tiempo, los propietarios van a poder declarar y normalizar los trabajos que se hicieron sin respetar el Código de Edificación ni el Código Urbanístico de la Ciudad. El proyecto le pone el ojo a construcciones de hasta 5.000 metros cuadrados que estén en falta con el Código de Edificación, y de hasta 2.500 metros cuadrados si la infracción es con el Código Urbanístico. Pero la cosa no se queda ahí, porque también se meten en el baile las intervenciones en barrios en proceso de reurbanización, los clubes de barrio, las entidades deportivas sin fines de lucro y los establecimientos educativos, culturales y de salud, que en estos últimos casos entran derecho sin ningún límite de superficie.

Eso sí, la propuesta marca la cancha con límites bien claros y no es para cualquiera. Se quedan afuera todas las obras que pongan en riesgo las condiciones básicas de seguridad, salubridad o accesibilidad, al igual que las que estén metidas en zonas protegidas o que se hayan ido de mambo invadiendo el espacio público más allá de un margen mínimo. Tampoco hay chance de sumarse para las edificaciones que no cumplan con cuestiones esenciales como tener salidas de emergencia, instalaciones eléctricas seguras o sistemas contra incendios. Además, el texto aclara que meterse en este régimen no te salva de las sanciones que ya están previstas en el régimen de faltas vigente, buscando equilibrar la regularización con los controles urbanos de siempre.

El tema de los números es un punto clave en todo esto. Desde el Gobierno aclararon que no se trata de una amnistía gratis, sino que armaron un sistema de recargos progresivos que se aplican sobre los derechos de construcción. Los castigos económicos arracan en un 250% para las obras más chicas y se van al humo hasta un 700% para los proyectos de mayor escala. Para las viviendas particulares la mano viene un poco más aliviada: se fijó un recargo uniforme del 250% sin importar los metros cuadrados, justamente para darle una mano a los vecinos que quieren normalizar su casa y poder sacar un crédito. Por el lado de las instituciones sociales, como los clubes de barrio, las entidades deportivas y los espacios comunitarios, se armaron beneficios especiales para que puedan acomodar sus papeles con menos cargas o incluso a costo cero en ciertas situaciones, sumando también la opción de pedir planes de pago para que sea más fácil sumarse. Ahora todo queda en manos de la Legislatura porteña, presidida por Clara Muzzio, donde se va a debatir y ver si el oficialismo junta los votos para sacar esta ley que busca ordenar el crecimiento edilicio irregular en la Ciudad.