Iniciativa legislativa en defensa de la oferta académica de nivel superior

Se armó revuelo en el ámbito educativo de la Ciudad. Las legisladoras porteñas del Frente de Izquierda, Amanda Martín y Vanina Biasi, presentaron un proyecto de declaración para frenar lo que denuncian como el cierre de comisiones y la reducción de la oferta académica en el nivel superior. La medida del Ministerio de Educación impactaría de lleno en el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación (ISTLyR) y en los Institutos de Formación Técnica Superior (IFTS) N° 6, 13, 27 y 28, a partir del segundo cuatrimestre de 2026.

La iniciativa no se queda corta y le exige directamente al Poder Ejecutivo porteño que dé marcha atrás de inmediato con las decisiones del Ministerio de Educación. El reclamo principal pasa por asegurar la continuidad pedagógica de los estudiantes y blindar los puestos de trabajo de los docentes afectados.

Entre los fundamentos del proyecto, se alerta que este recorte metería un hachazo significativo a la cantidad de cátedras y comisiones disponibles. La consecuencia directa de esto sería tener cursos muchísimo más numerosos, aulas sobrecargadas y, por ende, un claro deterioro en las condiciones cotidianas de enseñanza y aprendizaje.

Además, el texto pone el foco en el rol estratégico y único que tienen estas instituciones para la comunidad. Se destaca que el ISTLyR es la única opción pública y totalmente gratuita en toda la Ciudad especializada en recreación y tiempo libre. Por el lado de los IFTS, se advierte que algunos dictan carreras que directamente no tienen alternativas equivalentes en el sistema estatal, dando como ejemplos clave los casos de Bibliotecología o Interpretación de Lengua de Señas.

De avanzar este eventual cierre de comisiones, el proyecto señala que se limitaría fuerte el acceso a la formación superior y se la pondría muy difícil a los alumnos que ya están cursando para poder terminar sus estudios. A esto se le suma la preocupación por la futura falta de profesionales en áreas sensibles vinculadas a la inclusión social, la educación y el trabajo comunitario.

Frente a lo que consideran un proceso de ajuste en el sistema, la iniciativa plantea que la Legislatura tiene que pronunciarse sí o sí en defensa de la educación pública, advirtiendo sobre el golpe que significan estas medidas tanto para los estudiantes como para los docentes. Por lo pronto, el proyecto de declaración tendrá que pasar el filtro y ser tratado en las comisiones correspondientes antes de pasar a una posible votación en el recinto.