Freno judicial a la demolición del Luna Park

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires metió un freno de mano clave para el patrimonio del Bajo porteño al rechazar la apelación del Gobierno de la Ciudad. De esta manera, quedó bien firme la medida que suspende cualquier tipo de obra o trámite administrativo relacionado con el proyecto que habilitaba la demolición del Luna Park, nuestro histórico coliseo ubicado en pleno corazón de la Comuna 1. La decisión vino de la mano de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, ratificando lo que ya se había resuelto en primera instancia en el Juzgado N° 5, a cargo de la jueza Natalia Tanno, y yendo en la misma sintonía que el dictamen del fiscal ante la Cámara, Juan Octavio Gauna.

El conflicto se armó porque el proyecto en cuestión, que ya venía con el visto bueno de la Dirección General de Interpretación Urbanística de la Ciudad, empezó a recibir cuestionamientos fuertes por supuestamente pasarse por alto las normas de protección patrimonial. La movida judicial la arrancó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien plantó bandera señalando que esta iniciativa atenta directamente contra el estatus del Luna Park como Monumento Histórico Nacional y como edificio con Protección Estructural en la Ciudad. Para el letrado, lo que se proponía no era una simple lavada de cara o restauración, sino una demolición encubierta que buscaba alterar el volumen, la fachada y la cubierta del mítico estadio para meter más gente de la que entra hoy en día.

La cosa no queda ahí, porque en el mismo juzgado se está evaluando otra presentación pesada que armaron varias organizaciones vecinales y ambientales como Basta de Demoler, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Fundación Ciudad, que también saltaron a pedir que se frene el plan oficial. Con este panorama, la pelota quedó del lado de la jueza Tanno, que ahora tiene que definir si clava una medida cautelar definitiva para congelar todos los efectos de la disposición hasta que se dicte una sentencia final. Mientras tanto, la resolución vuelve a encender los debates de siempre sobre cómo se cuida la identidad histórica en las calles porteñas frente al alcance de las reformas urbanísticas que se impulsan desde el Gobierno de la Ciudad.