El gobierno porteño de Jorge Macri puso en marcha un plan de ajuste en la Ciudad en el marco del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. El pacto contempla reducir entre un 12% y un 15% la plantilla estatal, recortar presupuesto en Educación y Salud, frenar obras públicas y fusionar ministerios.
Entre las medidas más recientes, se dispuso el despido de 30 trabajadores del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) —área donde se realizaban tareas de urbanización en barrios populares— y el lanzamiento de un plan de retiros voluntarios a pagar en hasta 48 cuotas. A esto se suma el cierre de cinco jardines maternales, la cesantía de 50 docentes y la advertencia sobre el posible cierre de aulas en entre 100 y 120 escuelas durante el año.
Frente a este escenario, legisladores porteños presentaron un proyecto de ley para frenar los despidos, mientras que desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) conformaron una mesa de diálogo. Por su parte, la CTA Autónoma Capital y sectores de la oposición señalaron que estas medidas replican el modelo aplicado a nivel nacional, combinando atraso salarial, achicamiento del Estado y la tercerización de áreas clave de la gestión pública.

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