Pliego de bases y condiciones para la recolección de residuos secos

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzó en el armado de la próxima licitación pública para el Servicio de recolección, traslado y procesamiento de residuos sólidos urbanos secos. A través de la Resolución N° 53/SECH/26 de la Secretaría de Higiene, bajo la Jefatura de Gabinete de Ministros, se unificaron las condiciones operativas que van a regir el sistema por un tiempo base de dos años. Este llamado, que coincide con el 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad, abre un espacio de consulta pública de diez días hábiles bajo el régimen de la Ley Número 2.095. El nuevo esquema propone un modelo logístico integrado que viene con control digital por GPS, seis servicios obligatorios y una tolerancia máxima del veinte por ciento de descarte de material en las plantas de tratamiento.

El pliego organiza el mapa porteño en seis zonas operativas basadas en los límites de las comunas. Para procesar todo el material, el gobierno va a poner a disposición una red de nueve Centros de Reciclado estatales. Las empresas prestatarias van a recibir una tanda inicial de camiones propiedad de la ciudad, pero van a tener que completarla con vehículos propios a su exclusivo cargo.

Haciendo el desglose por barrio, la Zona A, que cubre las Comunas 1 y 4, va a recibir diez camiones y va a operar con los Centros de Reciclado Barracas y Cortejarena. Por su parte, la Zona B abarca las Comunas 2 y 14, va a contar con doce camiones y utilizará el Centro de Reciclado Saavedra. La Zona C, que corresponde a las Comunas 12 y 13, va a tener cinco vehículos asignados y los centros de Núñez y Constituyentes. En tanto, la Zona D incluye a las Comunas 11 y 15, disponiendo de seis camiones y el Centro de Reciclado Balbastro. La Zona E junta a las Comunas 7, 8, 9 y 10, contando con seis camiones y los centros de Chilavert y Corrales. Por último, la Zona F va a cubrir las Comunas 3, 5 y 6 con once camiones y el Centro de Reciclado Varela.

Las firmas prestatarias van a tener que cumplir de manera integrada con seis prestaciones fundamentales de carácter obligatorio. La primera es la recolección puerta a puerta para generadores individuales, coordinada con recuperadores urbanos, metiendo una frecuencia mínima de dos visitas semanales por cada vecino registrado en el padrón oficial de la zona. La segunda prestación es el servicio para generadores especiales, o sea, grandes comercios, industrias, hoteles y hospitales, con una frecuencia base de tres veces por semana. La tercera consiste en la recolección en los Puntos Verdes instalados en plazas y espacios públicos, cuyo vaciado se tiene que hacer al menos dos veces por semana o cuando se detecte que las estructuras están llenas.

La cuarta prestación obliga a las plantas a recibir todo el material de la contenerización verde pública general. La quinta es el procesamiento adentro de los centros de reciclado, lo que incluye las tareas de pesaje, clasificación, compactación y enfardado. Es en esta etapa donde corre la tolerancia máxima del veinte por ciento mensual de material de descarte; cualquier exceso que tengan va a tener que justificarse mediante una declaración jurada. La sexta prestación es el servicio de promoción ambiental, que exige un equipo mínimo de cuatro promotores por zona para las tareas de concientización y educación ciudadana. Para garantizar que el personal esté capacitado, los promotores van a tener que rendir una evaluación técnica anual obligatoria ante el gobierno local.

Con respecto al acopio transitorio en bolsones en la vía pública para no trabar la logística, el pliego se pone bastante detallista. Se establece la regla de las tres horas como el plazo máximo permitido para que un bolsón quede en la calle. Estos elementos se van a tener que colocar en posición vertical, bien alineados al cordón, con un límite de seis unidades por parada y a un mínimo de cinco metros del contenedor de basura convencional más cercano.

En materia tecnológica, el control por parte del Estado va a ser automatizado y permanente. Toda la flota de camiones, tanto la que pone el gobierno como la complementaria que aporten las empresas, va a tener que contar con dispositivos GPS activos y sistemas de telemetría. Estos equipos van a transmitir los recorridos en tiempo real para la auditoría y la certificación digital de las rutas. Por el lado de las plantas de tratamiento, el Estado se va a quedar a cargo del mantenimiento integral de los edificios y de la maquinaria pesada móvil que provea, como autoelevadores y palas cargadoras. De todas formas, los oferentes tienen la opción de usar instalaciones de procesamiento que sean de su propiedad, quedando en ese caso la conservación y reparación bajo su exclusiva responsabilidad.