La ilusión de la salida individual: El laberinto de la recuperación del consumo en Constitución

El barrio de Constitución funciona como una de las cajas de resonancia más complejas de la crisis de consumos problemáticos en la Ciudad de Buenos Aires. Como nodo de transbordo por el que circulan a diario cientos de miles de personas, el área concentra factores de vulnerabilidad estructural: alta rotación poblacional, espacios de pernocte informal, presencia de redes de narcomenudeo y una severa exposición a sustancias de alto impacto neurológico y social, como el paco y el alcohol. Abordar el proceso de abstención y recuperación en este entorno implica analizar una trama donde la voluntad individual choca sistemáticamente contra barreras institucionales, territoriales y socioeconómicas.

El primer gran obstáculo para quien busca interrumpir un consumo en el tejido urbano de Constitución es la contaminación del entorno inmediato. A diferencia de las intervenciones terapéuticas basadas en el aislamiento, la persona que intenta iniciar un tratamiento ambulatorio en el barrio permanece expuesta a los mismos estímulos, circuitos de comercialización y dinámicas de marginalidad que retroalimentan la adicción. En sustancias con un poder adictivo de acción rápida y corta duración —características del paco—, la cercanía física a los puntos de venta invalida con frecuencia los intentos de estabilización emocional, transformando la prevención de recaídas en una exigencia permanente e insostenible sin un cambio radical de contexto.

En el plano institucional, la respuesta del Estado se estructura principalmente a través de la Línea 108 (Opción 3), la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) y la red de atención primaria del Ministerio de Salud porteño. No obstante, la oferta de dispositivos territoriales enfrentan limitaciones operativas severas. Si bien existen centros de asistencia inmediata y dispositivos comunitarios, la disponibilidad de vacas para internaciones en comunidades terapéuticas o centros de desintoxicación resulta insuficiente frente a la demanda real. La burocracia en los trámites de admisión, los plazos de espera para conseguir una evaluación interdisciplinaria y la falta de seguimiento intensivo tras la fase de desintoxicación médica generan interrupciones en el proceso de atención, devolviendo al individuo a la misma situación de calle o vulnerabilidad de la que intentaba salir.

Por otro lado, la recuperación biológica y psicológica no garantiza por sí sola la sostenibilidad en el tiempo si no está acompañada de una estrategia de reinserción social. La pérdida de vínculos familiares, la estigmatización asociada al consumo en la vía pública y la ausencia de capacitación laboral formal reducen las probabilidades de reconstruir un proyecto de vida autónomo. Las redes de apoyo no gubernamentales, como las organizaciones comunitarias y los comedores de la zona, cumplen un rol crítico en la contención primaria de necesidades básicas (alimentación, higiene y abrigo), pero carecen de los recursos financieros y legales para estructurar tratamientos de alta complejidad o esquemas de habitabilidad protegida de largo plazo.

Pensar en una salida efectiva del consumo en el barrio de Constitución exige superar la mirada reduccionista que atribuye la adicción a una falla moral o a una mera decisión personal. Sin un fortalecimiento presupuestario de la red de salud mental, un incremento en la capacidad de internación pública y una intervención integral que combine el ordenamiento del espacio público con programas reales de vivienda y empleo, el camino hacia la recuperación continuará siendo una excepción individual dentro de un problema estructural en expansión.