El Gobierno de la Ciudad dispuso el desalojo administrativo de una vivienda en el barrio Rodrigo Bueno

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la desocupación inmediata de una vivienda y su unidad anexa en la Manzana 4 del barrio Rodrigo Bueno, ubicado en la Costanera Sur dentro de Puerto Madero, zona que pertenece a la Comuna 1. La medida, oficializada a través del Decreto N.º 5/26 publicado en el Boletín Oficial, busca liberar el espacio público ocupado para avanzar con las obras de urbanización, apertura de calles, veredas y servicios esenciales contemplados en el plan de integración del barrio.

Según los fundamentos del Ejecutivo porteño, la construcción fue ampliada sin autorización y avanza sobre la intersección proyectada de las calles Bartolina Sisa y Micaela Bastidas. Esta situación afecta unos 161 metros cuadrados de vereda y alrededor de 72 metros cuadrados de calzada, lo que reduce de manera significativa el espacio de circulación, impide completar las obras de infraestructura clave y genera riesgos para la seguridad vial y peatonal.

Por su parte, el Observatorio del Derecho a la Ciudad denunció el jueves que Jorge Macri avanza con un desalojo pasando por encima de la Justicia mediante un decreto administrativo. Desde la organización señalaron que el Gobierno no consiguió la orden judicial e inventó un atajo aplicando una ley destinada a desalojar parques públicos para echar a familias de sus casas. Además, advirtieron que existen tres leyes vigentes, incluida la Ley Nacional de Barrios Populares, que prohíben expresamente los desalojos en estas zonas, y afirmaron que se trata del mismo modus operandi utilizado en San Telmo al expulsar sin orden judicial ni solución habitacional.

La decisión oficial alcanza puntualmente a la unidad anexa de la orden 177 de la Manzana 4. El desalojo se enmarca en la Ley N.º 5.798, la cual estableció la reurbanización e integración social, cultural y urbana del barrio garantizando la permanencia de los vecinos. En este contexto, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad lleva adelante el plan denominado Borde Costero, que incluye la instalación de redes de agua, cloacas, desagües pluviales, pavimento, veredas, senderos peatonales y alumbrado público en el sector conocido como Barrio Histórico.

El conflicto cuenta con antecedentes en el ámbito judicial. Ante una causa iniciada años atrás por ocupación irregular denunciada por el IVC, en abril de 2025 se había firmado un acuerdo conciliatorio para desocupar el inmueble. Debido al incumplimiento de los ocupantes, la Justicia ordenó en junio de ese mismo año la desocupación inmediata para dar continuidad a los trabajos públicos. Como la medida no se concretó, el Ejecutivo resolvió intervenir directamente a través del decreto actual.

La normativa establece que el operativo de desalojo estará a cargo del Instituto de la Vivienda y contará con la colaboración de áreas como Desarrollo Humano y Hábitat, Espacio Público, Seguridad, Salud y la Policía de la Ciudad. A su vez, se dispuso la presencia de un escribano público para labrar un acta notarial del procedimiento y realizar el inventario de los bienes hallados, los cuales serán trasladados a depósitos oficiales bajo la responsabilidad de los ocupantes. Desde el Gobierno de la Ciudad remarcaron que la ocupación se da en un espacio con destino público definido por ley y que la prioridad es garantizar la urbanización, reavivando las tensiones históricas entre las obras públicas y los reclamos habitacionales en el barrio.