Desarticulan una red de narcomenudeo en Constitución tras denuncias vecinales

A partir de las denuncias de los propios vecinos, la Justicia porteña logró desarmar una red de narcomenudeo que venía operando en el barrio de Constitución, en plena Comuna 1. La causa penal terminó con un resultado contundente: la expulsión definitiva del país de uno de los principales imputados, un hombre de nacionalidad peruana que integraba la banda asentada en un hotel de la zona.

La investigación estuvo en manos de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), dirigida por la fiscal Cecilia Amil Martín. Todo este proceso arrancó en mayo de 2024, cuando los habitantes del barrio empezaron a reportar de forma anónima que se vendía droga tanto en los alrededores como adentro de las habitaciones y los espacios comunes de un hotel ubicado en la calle Luis Sáenz Peña al 1700.

Con esos datos sobre la mesa, la fiscalía le encargó las tareas de campo a la División Antidrogas Norte de la Policía de la Ciudad. Los oficiales hicieron vigilancias y seguimientos que sirvieron para confirmar cómo funcionaba la organización. Lograron identificar la participación de por lo menos cinco personas, sumando al lote a un hombre de edad avanzada que terminaría siendo señalado como uno de los eslabones clave del grupo.

Los primeros procedimientos llegaron en febrero de este año, cuando se allanó el hotel y quedaron imputados cuatro de los sospechosos. La causa no se quedó ahí; la fiscalía siguió sumando elementos y semanas después pidió nuevas medidas operativas para atrapar al imputado que continuaba prófugo.

La detención definitiva del ciudadano peruano se concretó a mediados de abril en el mismo establecimiento de la calle Sáenz Peña. El hombre ya cargaba con una resolución judicial previa dictada por las autoridades migratorias. Por esta razón, y bajo el amparo de la Ley Nacional de Migraciones, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°9 resolvió ordenar su expulsión formal de la Argentina, sumándole una prohibición permanente para volver a ingresar al territorio.

Mientras la causa judicial sigue adelante respecto a los otros implicados que fueron imputados en el expediente, las autoridades judiciales y policiales destacaron el rol que tuvieron las alertas vecinales para dar el puntapié inicial a los operativos y poder desmantelar el búnker que funcionaba en el barrio.