Desalojo del ex hotel Santa Ana en Monserrat

Este lunes por la mañana se armó un operativo fuerte en pleno barrio de Monserrat, dentro de la Comuna 1. La Policía de la Ciudad desalojó el ex hotel Santa Ana, un edificio ubicado en México 712 que cuenta con 14 habitaciones y venía estando ocupado ilegalmente desde hacía tres años. La movida judicial se dio porque el propietario del lugar pidió explícitamente recuperar el inmueble para destinarlo a fines comerciales.

En el lugar no solo estuvo la fuerza policial, sino que también participó activamente el personal del Ministerio de Espacio Público y de Desarrollo Humano y Hábitat. Según explicaron desde el Gobierno de la Ciudad a través de un comunicado oficial, las tareas arrancaron a las ocho de la mañana y forman parte de la línea política de la gestión actual, que busca terminar con las ocupaciones ilegales, recuperar los bienes públicos y hacer cumplir la ley. De acuerdo al GCBA, este tipo de planificaciones apuntan a cortar con situaciones que terminan afectando la calidad de vida de los vecinos, trayendo problemas de inseguridad y alterando la convivencia en los barrios.

El propio jefe de Gobierno, Jorge Macri, se refirió al tema y dejó en claro la postura oficial del Ejecutivo porteño señalando que, así como vienen trabajando para terminar con los cortes, piquetes y acampes con el objetivo de garantizar la libre circulación, y combatiendo la ocupación del espacio público junto a la venta ilegal, ahora también tienen la decisión política firmada de avanzar contra las usurpaciones. La regla es clara para la gestión de la Ciudad: la propiedad privada se respeta y la ley se cumple a rajatabla.

Esta intervención en Monserrat se suma a otra bastante reciente que ocurrió el viernes pasado en el barrio vecino de San Telmo. En esa oportunidad, la Ciudad liberó un predio enorme de 2.500 metros cuadrados ubicado en la intersección de Paseo Colón y San Juan. En ese lugar venía funcionando de manera irregular un campo de deportes que estaba ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), la organización que lidera Raúl Castells, y que ya tenía el permiso de ocupación vencido desde hacía 12 años.