Acampe y huelga de hambre de cartoneros contra el recorte de transporte en la Ciudad

Se armó un revuelo importante en las inmediaciones de Parque Lezama, en plena Comuna 1, donde Sergio Sánchez, el presidente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), arrancó este lunes un acampe y una huelga de hambre. La protesta se instaló justo enfrente de la sede del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires y el motivo principal del reclamo es el rechazo total al recorte del servicio de transporte que traslada diariamente a miles de recicladores urbanos.

Desde la federación lanzaron un comunicado donde explican que, mientras su referente y amigo del Papa Francisco inició este ayuno voluntario, el Ministerio Público Fiscal reconoció la validez del amparo que presentaron en la Justicia. Según indicaron, se emitió un dictamen favorable que abre la puerta para garantizar que continúe este servicio para más de 3.500 familias cartoneras, el cual aseguran que fue suspendido de un día para el otro por la gestión del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Sánchez ya avisó que se va a quedar en la puerta del ministerio hasta que el titular de la cartera, Ignacio Baistrocchi, dé una respuesta concreta y dé marcha atrás con la medida.

El conflicto viene escalando desde fines de julio, cuando la FACCyR se declaró en estado de alerta y movilización. Los trabajadores del sector vienen denunciando una situación de abandono generalizado, señalando que faltan camiones, bolsones y precintos para realizar sus tareas, y que los Centros Verdes se encuentran muy deteriorados, haciendo especial mención al de Barracas, que sigue en ruinas tras sufrir un incendio el año pasado. Para la federación, cortar el traslado es una provocación directa al bolsillo de compañeros que perciben un ingreso de 390.000 pesos y que ahora tendrán que afrontar más gastos para ir a trabajar. Además, advirtieron que la Ciudad va a terminar más sucia porque sin su presencia no hay recolección diferenciada viable, y exigieron de forma inmediata una mesa de diálogo bajo la advertencia de llevar la lucha a las calles si no hay respuestas.

Por el otro lado, el Gobierno de la Ciudad justificó la decisión a través de un comunicado oficial donde afirma que la medida busca reorganizar el sistema de reciclado urbano y terminar con supuestos privilegios que beneficiaban a un grupo reducido de cooperativas ligadas al dirigente social Juan Grabois. Según las autoridades locales, la Ciudad dejó de financiar el traslado diario desde la Provincia de Buenos Aires de unos 3.100 recuperadores de las cooperativas Amanecer de los Cartoneros, Madreselvas, Recuperadores Urbanos del Oeste y Cartonera del Sur, argumentando que los restantes 3.000 trabajadores del sistema formal, integrado en total por más de 6.000 recuperadores repartidos en 12 cooperativas, nunca habían tenido acceso a ese trato.

Jorge Macri defendió la postura señalando que están desarmando un esquema desigual que se volvió parte del problema y que demandaba un gasto anual de unos 6.000 millones de pesos. El ministro Ignacio Baistrocchi detalló que esos fondos se van a reinvertir directamente en mejoras operativas para el circuito, tales como obras de infraestructura en los Centros Verdes y el refuerzo de las rutas de recolección en zonas críticas de alta generación de residuos.

Desde la administración porteña remarcaron que el objetivo es armar un esquema transparente y con las mismas reglas para todos. En ese sentido, destacaron que ya se implementaron otras reformas de fondo para cortar con la intermediación en los pagos. Informaron que, a diferencia de lo que ocurría hasta fines de 2024 cuando más de 2.000 trabajadores cobraban mediante sus cooperativas, hoy el 100% del sistema está bancarizado y percibe sus haberes de manera directa a través de cuentas en el Banco Ciudad. A esto sumaron la puesta en marcha de controles de asistencia obligatorios mediante dispositivos biométricos en los predios logísticos y Centros Verdes, una herramienta que, según precisaron las autoridades, generó un aumento del 45% en los descuentos por ausencias injustificadas durante su primer mes de aplicación.