Declaraciones del jefe de Gobierno sobre los costos de reparación tras incidentes urbanos

Se armó un revuelo bárbaro en la Plaza Congreso tras la marcha contra la reforma laboral, que ya tiene media sanción del Senado, y los destrozos que quedaron en la zona salieron una fortuna. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se puso firme y avisó que van a hacer el reclamo correspondiente para identificar a las organizaciones responsables, buscando que el costo de los arreglos no recaiga en el bolsillo de todos los vecinos.

Desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana pasaron el parte de los daños y la cifra asusta: 270 millones de pesos es lo que le cuesta a la Ciudad arreglar el lío que quedó en el Congreso. Los manifestantes rompieron baldosas, llenaron de grafitis las veredas y las sendas peatonales, y terminaron haciendo pelota unos 500 metros cuadrados de césped, además de dañar el mobiliario urbano de la plaza. Hubo gente que, con la cara tapada, se pensó que podía romper todo y pasar de largo, pero el saldo final dejó a 15 personas detenidas y otras 40 demoradas. Para dejar el barrio en condiciones lo antes posible, se armó un operativo de limpieza nocturno bastante picante que incluyó a 120 barrenderos, 7 hidrolavadoras, 7 camiones recolectores, 15 supervisores y 8 brigadas de acción inmediata.

Por el lado del Ministerio de Seguridad también tiraron datos oficiales del operativo del día, cerrando a las 20:45 horas con un balance de 20 detenidos, 40 demorados y 3 policías de la Ciudad heridos. La postura oficial es clara: quieren que los imputados respondan directamente con sus propios bienes para cubrir los gastos de la reparación de todo lo que destruyeron.

El mandatario porteño no ocultó su bronca y remarcó que estos arreglos los terminan pagando los mismos jubilados que después tienen que reclamar por la mínima, afectando a todos los aportantes de la Ciudad de Buenos Aires, al laburante informal y a cualquiera que reciba un sueldo. Para ponerle un freno a esto, Macri insistió en que la única alternativa es transformarlo en un delito penal. Mientras tanto, la Policía y la división de análisis de información se están quemando las pestañas revisando las cámaras de seguridad del barrio para hacer un trabajo forense que permita identificar a los agresores justo antes de que se encapuchen, con la idea fija de seguir sumándolos a la lista de los demandados ante la Justicia.