Cuestionamientos de organizaciones sociales a procedimientos policiales masivos

Se armó una fuerte polémica en los barrios populares tras el megaoperativo de seguridad que metió el Gobierno de la Ciudad bajo el nombre de «Tormenta Negra», donde se desplegaron más de 1.500 efectivos en distintos puntos de la Capital. Organizaciones sociales, referentes de los barrios y dirigentes políticos salieron a cruzar con dureza el procedimiento.

Desde el Comité de Crisis del Barrio Mugica —la ex Villa 31 y 31 bis— y el Movimiento Villas-Barrios Populares denunciaron que la movida tuvo un carácter represivo y que se vivieron escenas de mucha tensión en el lugar. Los vecinos criticaron el discurso oficial señalando que las imágenes muestran otra historia, con armas largas apuntando frente a chicos, familias enteras en la calle y el llanto de la gente al ver cómo se llevaban detenidos a sus vecinos sin ninguna explicación. Además, plantearon la diferencia con otros sectores de la Ciudad, cuestionando si alguna vez se vio una militarización semejante en zonas como Recoleta o Palermo.

Uno de los testimonios más duros fue el del sacerdote José María «Toto» de Vedia. El religioso le tiró con todo al enfoque oficial y aseguró en declaraciones radiales que esto se pareció más a un show mediático que a una búsqueda real de eficacia para ordenar. También sumó que estos procedimientos van acompañados de policías con armas largas sacándole la comida a la gente que está vendiendo, lo que genera un clima de denigración hacia los villeros. Igualmente, hablando en Urbana Play, aclaró que en los barrios no se rechazan las políticas de seguridad, sino que apoyarían acciones que sean concretas y reales.

Por su parte, el referente social Nelson Santacruz usó sus redes sociales para expresar que las villas de la Ciudad estuvieron bajo un régimen y que el 14 de mayo no hubo democracia, apuntando contra los miles de policías que reprimieron en simultáneo en distintos barrios.

El tema también picó alto en la política y sumó cruces institucionales. Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, salió al cruce del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acusándolo de buscar figurar con este tipo de medidas y chicaneó diciendo que ellos ya les demostraron cómo se debe trabajar en referencia a los operativos bonaerenses.

Del otro lado de la vereda, el Gobierno de la Ciudad defendió con uñas y dientes el despliegue. Aseguraron que se trató de un procedimiento sin precedentes que dejó un saldo de 27 detenidos, búnkers de droga cerrados, clausuras de comercios y vehículos secuestrados, todo dentro de una estrategia para reforzar la seguridad y ordenar el espacio público.