Amparo judicial para frenar el desmantelamiento de la ciclovía de la calle Tucumán

El Observatorio del Derecho a la Ciudad se plantó este lunes y presentó un amparo judicial para frenar el desmantelamiento de la ciclovía de la calle Tucumán, una traza clave que conecta San Nicolás en la Comuna 1 con Balvanera y Almagro. Según denunció la asociación civil, las cuadrillas ya avanzaron metiendo mano en el tramo que va del 1400 al 1600 de dicha calle, y lo hicieron sin poner un solo cartel de obra que aclare qué resolución o disposición avala semejante movida.

Desde el organismo barrial explicaron que este camino es fundamental para los ciclistas porque corre en paralelo a las avenidas Corrientes y Córdoba, ofreciendo una alternativa segura en una zona donde el tránsito es una locura y permitiendo conectar de forma directa el microcentro con Once y el Abasto. Por eso, recordaron que por mandato legal la red de ciclovías y bicisendas de Buenos Aires tiene que expandirse cada vez más en lugar de achicarse, de acuerdo a lo que dictan la Ley N° 2930 del Plan Urbano Ambiental y la Ley N° 6352. Para la entidad, avanzar en sentido contrario es meterse directamente con el Derecho a la Movilidad de los vecinos.

La presentación en la Justicia va al hueso: pide que el Gobierno de la Ciudad interrumpa de inmediato los trabajos, que vuelva a armar el tramo de ciclovía ya removido dejándolo igual o mejor que antes, y que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de cualquier norma interna que haya habilitado esta quita.

El reclamo legal detalla varios puntos flojos en el accionar oficial. Primero, remarcan que se avanzó por vías de hecho porque no hay ningún acto administrativo que se haya publicado en el Boletín Oficial, y encima es una decisión que debería pasar por la Legislatura porteña. Por otro lado, acusan al Gobierno de violar el Principio de Progresividad ambiental y de pasar por alto las instancias obligatorias de participación ciudadana que exigen normativas locales y convenios internacionales como el Acuerdo de Escazú. En definitiva, sostienen que sacar esta infraestructura atenta contra la fluidez del tránsito, el fomento de una movilidad sustentable y la propia seguridad e integridad física de las personas que eligen moverse en bici por la Capital.