Acuerdo de agenda entre el GCBA y los organizadores de la Marcha del Orgullo

Tras varios días de debate y gestiones cruzadas por el calendario, finalmente hubo un punto de encuentro entre la Comisión Organizadora y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: la tradicional Marcha del Orgullo se va a llevar a cabo el próximo 7 de noviembre, manteniendo la fecha programada originalmente. El choque de agendas se había generado porque las autoridades porteñas buscaban trasladar la movilización hacia el 21 de noviembre para enfocar a sus fuerzas de seguridad y la logística urbana en la visita del papa León XIV, quien llegará a la Argentina en una comitiva oficial prevista del 8 al 11 de noviembre.

La respuesta de la organización fue tajante a través de una carta formal enviada al jefe de Gobierno, Jorge Macri. Desde el colectivo remarcaron que alterar el día no era mover una ficha menor en la agenda, sino desarmar una estructura federal armada con muchísimos meses de anticipación que convoca a cerca de dos millones de personas, entre vecinos del interior, visitantes del exterior, gremios, artistas y movimientos sociales. A su vez, puntualizaron que los festejos y marchas en las provincias se coordinan a partir de la jornada porteña, sumado a que desde la propia Santa Sede aseguraron que no existía pedido alguno para frenar la convocatoria.

Si bien Jorge Macri había planteado que la fecha no era algo inamovible, recordando que en 2025 ya se había dado una postergación por otro acontecimiento, el canal de diálogo se mantuvo abierto para discutir la puesta en marcha de los servicios e infraestructura que aporta la Ciudad, que incluyen baños químicos, escenarios y ambulancias. Finalmente, las dos partes acordaron un esquema de trabajo conjunto que permitirá compatibilizar la movilización del 7 de noviembre con el operativo especial por la llegada del Papa al día siguiente. De esta forma, el centro de la Ciudad, con el eje puesto en la Avenida de Mayo, el Congreso y el Obelisco, volverá a albergar el masivo despliegue sin alterar los derechos ni la planificación previstos.

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