Vigilia en Plaza de Mayo contra el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Este martes por la noche se armó una vigilia en plena Plaza de Mayo, justo frente a la Casa Rosada en la Comuna 1. Un montón de familias, organizaciones sociales y prestadores del sector de la discapacidad se juntaron para bancar la parada y pedirle con fuerza a la Cámara de Diputados que no deje pasar el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, un tema clave que se debate este miércoles en el Congreso.

La cosa viene complicada porque, según explicó Pablo Molero, que es el coordinador del Foro Permanente de Discapacidad, la ley tiene como fin darles una mano a las personas con discapacidad que están en una situación de total vulnerabilidad y que necesitan el apoyo de la sociedad. La idea es meter una nueva figura de pensión que no dependa de si el ciudadano puede trabajar o no, sino que se enfoque directamente en la realidad de la discapacidad y la pobreza. Además, el referente advirtió que los números actuales están lejísimos de la realidad, con un desfasaje de casi el 73% entre lo que están cobrando y lo que de verdad sale bancar el servicio hoy por hoy.

Para ordenar el panorama, el proyecto de la Ley de Emergencia en Discapacidad lo que propone es ponerse al día con las deudas que se tienen con los prestadores de salud y meter una actualización mes a mes en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La jugada también incluye ponerse firmes con la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y meter auditorías para ver dónde están las fallas y arreglar la gestión de los beneficios, asegurando que las pensiones por discapacidad tengan la plata que corresponde mediante una revisión a fondo de cómo se entra y se mantiene el beneficio.

Por el lado de los números gruesos, el plan apunta a dar una compensación de emergencia para los prestadores y a destinar asignaciones para los talleres de producción. De acuerdo a lo que calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso, todo esto generaría un impacto fiscal de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. Para cerrar, la norma busca darle un empujón a los talleres protegidos y a los centros de día, y vuelve a poner sobre la mesa que el Estado tiene la obligación de cumplir a rajatabla con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad dentro del sector público.