Ordenan que la Policía de la Ciudad controle en exclusiva el operativo de seguridad en el Congreso

Se armó una movida importante en la zona del Congreso por el operativo de seguridad de las marchas de los jubilados de los miércoles. Resulta que el juez Roberto Gallardo, metiendo mano tras un amparo que presentaron la CGT y la UTEP, ordenó que la Policía de la Ciudad se haga cargo solita de todo el control en la calle. Con esto, le saca el manejo a las fuerzas federales que responden a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El magistrado fue clarito y le pidió al GCBA que despliegue, organice, planifique y ejecute el operativo de manera autónoma, buscando garantizar tanto el orden público como el derecho constitucional a protestar de la gente que vaya.

La cosa viene de arrastre porque, según los denunciantes, cuando se metían los agentes federales a aplicar el protocolo antipiquetes, la movilización casi siempre terminaba con incidentes, represión, heridos y detenidos. Los gremios se quejaron de que el ministerio de Seguridad nacional actúa de forma ilegal contra el derecho a la protesta y recordaron que en la marcha del 12 de marzo el fotógrafo Pablo Grillo terminó herido de gravedad y todavía se está recuperando. Para justificar el pedido, pusieron como ejemplo lo que pasó el 19 de marzo: una semana después de ese lío, hubo decenas de miles de personas marchando y la jornada transcurrió sin ningún tipo de violencia.

En el amparo explicaron que la Policía Federal y los otros uniformados de Nación se terminan metiendo más allá de los límites de lo que realmente son los intereses federales. Desde Nación se venía convocando a estas fuerzas justamente porque la protesta se hace ahí mismo, frente al palacio legislativo en Entre Ríos y Rivadavia. Ahora, la CGT y la UTEP buscan que la seguridad se coordine directamente con la fuerza porteña y que se delimiten bien clarito y de antemano cuáles son los verdaderos objetivos federales a cuidar.