Operativo judicial e imputación a figura mediática por difusión de plataformas de juego clandestino
Se armó revuelo con el allanamiento al domicilio de una exparticipante de Gran Hermano, imputada por la promoción de apuestas ilegales. En el caso intervino la Policía de la Ciudad y la Justicia porteña, tras una denuncia impulsada por Lotería de la Ciudad. Según detalló el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, bajo la conducción del fiscal Juan Rozas, fue la que solicitó el operativo en la vivienda de la influencer.
La investigación señala que la mujer promocionó y promovió al menos seis plataformas ilegales de juegos de azar a través de su cuenta de Instagram. Estos sitios operan completamente al margen de la ley, sin ningún tipo de control ni autorización oficial, captando posibles apostadores y tentando a la gente con beneficios en efectivo. A pesar de haber sido notificada e indagada por la fiscalía en mayo de este año, la imputada siguió adelante con la difusión de los sitios clandestinos. Ante esta situación, el fiscal Rozas pidió la orden de allanamiento, que terminó siendo otorgada por el Juez Ariza Clerici, titular del Juzgado PCyF 1.
Durante el procedimiento, llevado adelante en conjunto por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Ciudad, los oficiales secuestraron dispositivos electrónicos y varios cuadernos que contenían anotaciones explícitas sobre apuestas, casinos virtuales y movimientos de dinero. De acuerdo con lo que consta en la causa penal, la mujer se habría aprovechado de su popularidad y del alcance masivo que maneja en las redes sociales para captar apostadores y derivarlos directamente hacia los casinos virtuales que funcionan de manera ilegal. La acusación es seria, ya que la Fiscalía considera que se configuró un sistema organizado de captación de apostadores, una conducta totalmente prohibida por la normativa vigente, donde incluso se habría incentivado a registrarse y apostar a menores de edad. Por todo esto, la exparticipante del reality quedó acusada de infringir el artículo 301 bis del Código Penal Argentino, una figura legal que estipula penas que van de los tres a los seis años de prisión para quienes organicen, administren o exploten este tipo de sistemas de azar, ya sean físicos o virtuales, sin contar con la debida autorización de las autoridades correspondientes.
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