Operativo de seguridad y ordenamiento urbano en la Villa 31

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires metió mano en la Villa 31 de Retiro, zona que forma parte de la Comuna 1, para activar un plan fuerte de ordenamiento y seguridad. La movida apunta directo a frenar el avance de las edificaciones que se arman sin permiso y a ordenar un poco el territorio. Para eso, desde este jueves empezaron a funcionar retenes policiales en los ingresos clave del barrio y se avanzó a fondo con la peatonalización de varias calles, una estrategia pensada para cortar el paso y limitar la entrada de materiales de construcción a la zona.

El cambio se nota bastante en el día a día del barrio Padre Mugica, que tiene unas 72 hectáreas y donde viven cerca de 45 mil vecinos. De los 13 accesos vehiculares que había, cinco se transformaron directamente en pasos peatonales. Además, en tres de esas entradas se instalaron puestos fijos de la Policía de la Ciudad, que se vienen a sumar a otros tres que ya venían funcionando. La transformación del espacio público incluyó también el cambio de mano en dos calles, la colocación de bolardos para tapar el paso a los autos y controles itinerantes que van rotando de lugar. Durante las primeras jornadas, los operativos más fuertes con presencia de las fuerzas de seguridad se concentraron en los cruces de Colibrí y Ramos Mejía, Yaguareté e Islas Galápagos, y en la esquina de Colibrí y Alberto Chejolán.

Este paquete de medidas no es un hecho aislado, sino que viene coordinado en conjunto por la Jefatura de Gabinete de la Ciudad y varios ministerios, entre los que están Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat, sumados a la Secretaría Legal y Técnica. Las autoridades explicaron de forma oficial que el proceso de urbanización que arrancó allá por 2016 no fue suficiente para frenar el crecimiento edilicio ni para cumplir con las metas de ordenamiento territorial que fijaba la Ley 6.129, y que por eso tuvieron que salir a meter estas nuevas regulaciones.

La tensión en el barrio ya se venía sintiendo en las últimas semanas porque el Gobierno porteño apretó el acelerador con las inspecciones por el uso del espacio público y las ocupaciones irregulares. En esos procedimientos sacaron estructuras que cortaban las veredas, desalojaron instalaciones informales y le pusieron la faja de clausura a varios corralones de materiales que vendían y operaban sin tener los papeles al día. En sintonía con este despliegue de seguridad, unos días atrás también se armó un operativo donde tiraron abajo una construcción que se usaba para la venta de drogas. Según los datos que maneja el Gobierno, en el barrio se mueven muchas actividades informales asociadas al alquiler de casas y locales comerciales, además de la compra y venta de espacios que no están regularizados.