Nueva marcha de jubilados al Congreso en medio de la tensión por la represión policial

El miércoles por la tarde se viene una nueva marcha frente al Congreso de la Nación, en plena zona de influencia de la Comuna 1, donde los jubilados volverán a concentrarse para exigir mejoras previsionales. La movilización llega bastante caliente después de los incidentes y la represión policial de la semana pasada, que dejaron un saldo preocupante de un centenar de detenidos, decenas de heridos y al fotógrafo Pablo Grillo internado en grave estado con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza.

A diferencia de las dos semanas anteriores, donde se sumaron hinchas de fútbol, sindicatos y partidos políticos, esta vez anunciaron su presencia varios gremios vinculados a la educación. La expectativa en la zona es alta, sobre todo por las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien advirtió que si se suman agentes violentos que busquen desestabilizar al Gobierno, van a ser reprimidos por las fuerzas del orden. Francos comparó la intención de generar caos con los hechos de 2001 que terminaron con la renuncia del expresidente De la Rúa, al tiempo que defendió el accionar policial asegurando que el uso de la fuerza se mantiene dentro de los cánones normales y calificó lo que le pasó al fotógrafo como un accidente, aclarando que eso no va a impedir que sigan reprimiendo hechos violentos en el futuro.

En el plano judicial, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick, rechazó una medida cautelar del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que buscaba suspender el protocolo antipiquetes. De todas formas, de cara a la marcha de este miércoles 19 de marzo, el magistrado adelantó que va a observar presencialmente y con mucha atención todo lo que pase para incorporar pruebas de oficio ante los hechos del pasado 12 de marzo, los cuales consideró que no se adecuaron a los principios republicanos de la Constitución. En sintonía con esto, Amnistía Internacional Argentina confirmó que la Justicia Federal estará presente en el lugar para evaluar si la aplicación del protocolo va en contra de los derechos fundamentales, en el marco de la causa de inconstitucionalidad presentada junto al CELS y Sipreba.