Monitoreo electrónico para Cristina Kirchner en Constitución con autorización para acceder al balcón

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión domiciliaria por administración fraudulenta en la Causa Vialidad, ya cuenta con la tobillera electrónica con la que cumplirá la pena en su departamento de San José 1111, en Constitución (Comuna 1). El Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso además que podrá utilizar el balcón, siempre que no altere la convivencia en el barrio.

El Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, monitoreará el dispositivo electrónico, complementado con una unidad instalada en el domicilio. Este jueves, el comisario de la Comisaría Vecinal 1 C de la Policía de la Ciudad se presentó en el departamento y notificó el inicio del cómputo de la pena, conforme a lo ordenado por el tribunal que la condenó en 2022.

En la resolución, el Tribunal subrayó que no se le vedó el uso de ningún espacio específico del inmueble. Respecto del balcón, indicó que se espera de la condenada “el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes”.

El martes la expresidenta fue notificada en su hogar, por lo que no debió trasladarse a los tribunales de Comodoro Py, en Retiro. Ese día le tomaron las huellas digitales y le informaron las condiciones del arresto, entre ellas la obligación de evitar situaciones que perturben la convivencia, en un contexto de vigilias de militantes en la calle. Al día siguiente, previo a la marcha a Plaza de Mayo, sus letrados consultaron si podía salir al balcón, espacio desde el que suele saludar a quienes se acercan a apoyarla.

Aunque el cumplimiento de la pena se desarrolla en Constitución, el caso genera seguimiento en distintas comunas de la Ciudad, incluida la 14, donde la discusión sobre el alcance de las condenas y las condiciones de detención domiciliaria forma parte del debate público.