La Defensoría del Pueblo denunció violencia institucional y el uso ilegítimo de la fuerza en una marcha de jubilados

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó un seguimiento exhaustivo, combinando la presencia en el lugar con el monitoreo de medios, de lo que fue la marcha convocada por agrupaciones de jubilados el pasado martes 30 de julio en la zona del Congreso Nacional, en plena Comuna 1. La movilización, que sumó el apoyo de sectores políticos, sindicales y sociales, juntó a menos de 200 personas y se venía llevando adelante de manera pacífica, pero terminó con episodios de violencia institucional por parte de los efectivos de seguridad.

El operativo en la zona contó con un despliegue importante de fuerzas federales como la PFA, la GNA y la PNA, sumadas a la Policía de la Ciudad. La tensión fuerte arrancó cerca de las 17:30 h, cuando un cordón de la policía porteña con equipos antidisturbios les cortó el paso a los manifestantes en la esquina de Avenida de Mayo y Sáenz Peña. En ese momento se armaron forcejeos y las fuerzas de seguridad empezaron a tirar gas pimienta en forma de balines, además de usar bastones y escudos, golpeando y afectando no solo a la gente que protestaba, sino también a los trabajadores de prensa y a los observadores de derechos humanos que registraban la situación.

A raíz de estos incidentes, la Defensoría constató que hubo al menos siete personas detenidas y un total de 61 personas heridas que necesitaron atención médica, detallando casos graves como el de una mujer con cortes en la cara y un hombre mayor con golpes y lesiones en los brazos. De todas formas, el organismo estima que el número total de afectados podría ser bastante más alto.

Tras evaluar lo sucedido, la institución lanzó sus conclusiones preliminares, donde denuncia abiertamente que el protocolo de intervención utilizado va en contra de la Constitución Nacional y de los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, apuntaron contra la Policía de la Ciudad por ejercer un uso ilegítimo, desproporcionado e injustificado de la fuerza pública. Ante este panorama, la Defensoría remarcó que va a seguir de cerca el tema y exigió de forma contundente que se respeten los derechos de expresión y protesta pacífica de los ciudadanos, poniendo el foco principalmente en el resguardo de los grupos históricamente vulnerados.