El Congreso aprobó la ley que declara la emergencia en discapacidad y revirtió el veto de Milei

La Plaza Congreso se convirtió en el escenario de un festejo total. Manifestantes, familiares y laburantes vinculados a la discapacidad se juntaron a celebrar una movilización clave, después de que el Senado de la Nación aprobara la insistencia en la Ley 27.793, que declara la emergencia en discapacidad. La votación terminó con 63 votos afirmativos y apenas 7 negativos, rebotando definitivamente el veto que había metido el presidente Javier Milei, una postura que Diputados ya había rechazado previamente.

Con esta medida, se define que la emergencia en materia de discapacidad se va a estirar hasta el 31 de diciembre de 2026, aclarando que la ley es de orden público y rige con fuerza en todo el territorio nacional. Los puntos clave de la normativa apuntan directo al bolsillo y a los servicios: arranca una actualización de las prestaciones para compensar la brecha que quedó entre los valores actuales y la inflación acumulada desde el 2023 hasta hoy. Además, se le exige al Estado saldar las deudas pendientes con los prestadores y actualizar todos los meses los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, guiándose por los índices oficiales de inflación que tira el INDEC.

Por el lado de los beneficios directos, las pensiones no contributivas van a pasar a ser el equivalente al 70 por ciento de lo que cobra un jubilado con el haber mínimo. Y un dato importante para los beneficiarios es que van a poder trabajar en blanco siempre y cuando sus ingresos no pasen el tope de dos salarios mínimos. Para que todo esto camine, el Poder Ejecutivo Nacional va a tener que financiar una compensación de emergencia para los prestadores usando los recursos del Tesoro nacional.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) ya le puso números a la jugada y determinó que el impacto fiscal por la suba de las pensiones va a requerir un refuerzo de entre 1.889.371 millones de pesos y 3.627.495 millones. Según explicaron desde la OPC, esa diferencia tan grande en las proyecciones se debe al número de beneficiarios que se sumarían, estimando que las nuevas altas podrían rondar entre las 493 mil y las 946 mil personas, dependiendo de cómo se vayan dando los distintos escenarios con la aplicación de la ley.

Para controlar que todo ande sobre rieles, la Agencia Nacional de Discapacidad se va a encargar de armar una auditoría exhaustiva. El fin es lograr una evaluación que sea justa, transparente y que esté apoyada firmemente en criterios de salud, cruzados con un análisis a fondo de la situación socioeconómica de cada uno de los beneficiarios. Este proceso de auditoría tiene la obligación de garantizar notificaciones fehacientes y un debido proceso que sea inclusivo, asegurando que la gente pueda participar de lleno y acceda sin vueltas a toda la información.

Por último, la ley mete un incentivo fuerte para el laburo: los empleadores que contraten a trabajadores con certificado de discapacidad por tiempo indeterminado van a tener un beneficio importante, ya que quedarán eximidos de pagar el cincuenta por ciento de las contribuciones patronales y de los aportes a las cajas de jubilaciones por un período de tres años.