Despliegue policial coordinado en barrios vulnerables con detenciones masivas

La Policía de la Ciudad metió un operativo tremendo este jueves por la tarde, desplegando de forma simultánea más de 1.500 efectivos en 15 villas y barrios populares de Buenos Aires. La movida, bautizada oficialmente como Operación Tormenta Negra, arrancó cerca de las 19 horas en plena coordinación con la Justicia y abarcó a distintas áreas del Gobierno porteño. El corte parcial del balance oficial, dado a conocer a las 21 horas, dejó un saldo de 20 personas detenidas por diferentes delitos, incluyendo requerimientos por captura, tenencia de drogas, secuestro de armas y vehículos.

La movilización de las fuerzas de seguridad tocó de cerca a los vecinos de la zona de Retiro y del bajo porteño, ya que el despliegue se hizo sentir con fuerza en la villa 31 y en el barrio Rodrigo Bueno, ambos pertenecientes a la Comuna 1. La misma acción simultánea se replicó en otros puntos del mapa de la Ciudad, cubriendo la 1-11-14 del Bajo Flores en la Comuna 7, el bloque de la 21-24 y Zavaleta en Barracas dentro de la Comuna 4, además de Ciudad Oculta, Villa 20 y Cildañez correspondientes a la Comuna 8. Los controles también llegaron a asentamientos y populosos barrios como Fraga y La Carbonilla en la Comuna 15, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, INTA-Bermejo, Padre Mujica, y el Barrio Mitre de Saavedra en la Comuna 12.

Las tareas en el territorio implicaron un despliegue masivo y variado. En la calle trabajaron agentes de Orden Urbano, Pacificación Barrial, Seguridad Comunal e Investigaciones, junto con las brigadas antidrogas y de sustracción de automotores. Para dar apoyo táctico sumaron unidades especiales de perros K9, drones, escuadrón antibombas y helicópteros. El operativo no se limitó a la prevención policial corriente, sino que incluyó controles vehiculares y de identificación de personas, inspección minuciosa de comercios, retiro y compactación de autos abandonados mediante el Programa de Descontaminación, verificación de locales que comercializan celulares o brindan servicios de salud, desmantelamiento de las llamadas ranchadas y un control estricto sobre ocupaciones informales, todo apoyado en el terreno por la Agencia Gubernamental de Control, Espacio Público, Agentes de Tránsito y el SAME.

Desde el ámbito político de la Ciudad, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, siguió de cerca los movimientos en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano en el Instituto Superior de Seguridad Pública, para después trasladarse en persona a los pasillos de la Villa 31. El mandatario defendió la medida asegurando que nunca antes se había articulado un procedimiento de este tipo y que el objetivo principal es cuidar el estilo de vida de Buenos Aires. En su discurso, advirtió que no van a dejar que se asiente la inseguridad ni el narcomenudeo, prometiendo seguir firmes contra los comercios ilegales y la venta de celulares robados. Además, anticipó la detención de quienes delincan y adelantó que se evaluará la expulsión del país en el caso de que los implicados sean extranjeros, en sintonía con las recientes clausuras de cuatro supuestos búnkers de droga en Zavaleta, Fraga, Barrio 15 y la propia 31, donde ya cayeron ciudadanos de otras nacionalidades.

El Ejecutivo porteño encuadró toda esta actividad en su plan general de ordenamiento del espacio público, buscando unificar las reglas de convivencia urbana y reforzar la presencia estatal en las zonas más vulnerables de la Ciudad, sumando esta movida a las intervenciones recientes que vienen llevando a cabo contra manteros, trapitos y la recuperación de inmuebles usurpados. Por su parte, la respuesta de la oposición no tardó en llegar con fuertes cuestionamientos hacia el accionar oficial. La legisladora del Frente de Izquierda, Vanina Biasi, criticó el operativo con dureza, argumentando que detrás del discurso de ir contra los narcos se termina barriendo con puestos de trabajo cotidianos, comercios y viviendas humildes, catalogando la intervención como un ataque directo y grave que golpea principalmente a los vendedores ambulantes y a la comunidad migrante que habita estos asentamientos.