Denuncia de la Defensoría del Pueblo por violencia institucional en operativo policial frente al Congreso

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires metió un fuerte llamado de atención por las irregularidades que se vieron en el operativo policial de este miércoles en la zona del Congreso, en plena Comuna 1. Desde el organismo porteño prendieron las alarmas al advertir que se aplicó un protocolo de intervención que va totalmente en contra de lo que dicta la Constitución Nacional y los estándares internacionales de derechos humanos. Según detallaron, el despliegue de seguridad fue enorme e incluyó tanto a las fuerzas federales (PFA, GNA y PNA) como a la propia Policía de la Ciudad. Lo llamativo es que la movilización era pacífica y bastante chica, ya que juntó a menos de 200 personas, pero igual se terminaron registrando hechos de violencia institucional por parte de los efectivos.

Todo se complicó más o menos a las 17:30 h, cuando un cordón de la Policía de la Ciudad, bien equipado para disturbios, les cortó el paso a los manifestantes en la esquina de Avenida de Mayo y Sáenz Peña. Ahí arrancaron los forcejeos y la cosa pasó a mayores cuando las fuerzas empezaron a tirar gas pimienta en forma de balines, además de usar escudos y bastones. La Defensoría denunció que esto afectó de manera directa y sin distinción a los que protestaban, a los observadores de derechos humanos y a los trabajadores de prensa que cubrían el lugar.

El balance que dejó la jornada, constatado por el propio organismo, fue de al menos siete personas detenidas y unas 61 heridas que necesitaron atención. Entre los casos más graves registraron a una mujer con cortes en la cara y a un hombre mayor con lesiones en los brazos, aunque se calcula que el número total de afectados es todavía más alto. En sus conclusiones preliminares, apuntaron contra la Policía de la Ciudad por hacer un uso ilegítimo, desproporcionado e injustificado de la fuerza pública. Para cerrar, desde la Defensoría avisaron que van a seguir de cerca toda la situación y exigieron que se respeten a rajatabla los derechos de quienes salen a expresarse y protestar de forma pacífica, poniendo el foco sobre todo en los grupos históricamente vulnerados.