Clausuras y controles del Gobierno porteño para frenar las construcciones clandestinas en la Villa 31

El Gobierno porteño metió mano firme en la Villa 31 de Retiro, zona clave de la Comuna 1, y avanzó con un paquete de nuevas clausuras a construcciones clandestinas. La movida forma parte del Plan Integral de Ordenamiento Urbano que viene impulsando la gestión de Jorge Macri, y el objetivo que tienen entre ceja y ceja es frenar el crecimiento de obras sin autorización, recuperar el espacio público y ajustar los controles estatales dentro del barrio.

Los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) anduvieron recorriendo la zona y colocaron los carteles de clausura junto con las actas de infracción en cada una de las obras que pescaron fuera de regla. Los operativos se concentraron en varios inmuebles puntuales, como los ubicados en Vicuña al 1176, 1198, 1278, 1294 y 1298; también en Castillo y Chejolan 1757, Perette 692, y sobre Chejolan al 1824 y 1753/1751. Son todas propiedades que están en sectores linderos a la Autopista Illia y bien cerca de la parroquia Cristo Obrero y del Paseo del Bajo. En la calle no estuvieron solos: además de la gente de la AGC y la Dirección General de Fiscalización, participaron la Subsecretaría de Abordaje Territorial y Obras, y efectivos de la Policía de la Ciudad para garantizar la seguridad.

Al respecto, Jorge Macri dejó en claro cuál es la postura oficial y tiró que buscan que las normas urbanísticas se cumplan en todo el territorio de la Capital. Según el jefe de Gobierno, la idea es que haya reglas claras para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos, remarcando que la Ciudad es una sola y todos tienen los mismos derechos y obligaciones. Además, fue tajante al recordar que está prohibido construir en la Villa 31 y avisó que no van a dejar que el asentamiento siga creciendo de esta manera.

Si miramos el balance que compartieron desde el Gobierno de la Ciudad sobre lo que viene dejando este plan integral, los números muestran que ya tiraron abajo diez edificaciones clandestinas, intervinieron en otras diez construcciones totalmente ilegales y le pusieron la faja de clausura a cinco corralones que venían laburando sin ningún tipo de habilitación.

La cosa no quedó solo en los ladrillos. Durante los procedimientos de control también les bajaron la persiana a cinco locales que vendían celulares de presunta procedencia ilegal, a tres metaleras y a tres depósitos de garrafas. Además, la grúa se llevó y compactó 35 autos que estaban abandonados en la vía pública, y limpiaron chatarra acumulada que equivalía a la carga de unos 40 camiones, sumado a varios carros que se usaban como puestos de venta ambulante.

La administración porteña señala que toda esta movida apunta directo a combatir las actividades ilegales y a restablecer el orden en el Barrio Padre Mugica, un predio de 72 hectáreas pegado a Retiro donde viven cerca de 45.000 personas. Reconocieron que el proceso de urbanización que arrancó allá por 2016 no bastó para frenar el crecimiento descontrolado ni para cumplir del todo con el ordenamiento territorial que marcaba la Ley 6.129. Por eso, el Ejecutivo ya avisó que va a seguir firme con las inspecciones de obras nuevas, el desalojo de terrenos y casas tomadas, y más presencia de seguridad. La mirada oficial apunta a desarticular circuitos informales que se instalaron en el barrio y que se mueven al margen de la ley, dedicados a la compraventa de propiedades, alquileres irregulares, ocupación de terrenos y hasta la comercialización de espacios aéreos.