Acto central en Plaza de Mayo a 50 años del golpe de Estado de 1976

A los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los organismos de Derechos Humanos encabezaron el acto central en la Plaza de Mayo, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires y dentro de la Comuna 1. Durante la jornada en la histórica plaza, se leyó un documento elaborado por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que contó en la primera fila con la presencia de Estela de Carlotto, Taty Almeida y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. En el texto oficial, los organismos ratificaron su histórica consigna: “Son 30 mil y que nos digan dónde están”, plantándose frente a las posturas oficiales del Gobierno que relativizan esa cifra y cuestionando su posición respecto al número de detenidos desaparecidos.

El mensaje leído remarcó con fuerza que pasaron 50 años y se sigue luchando por memoria, verdad, justicia, y también por pan, salud, trabajo, educación y vivienda. Los manifestantes marcharon con las fotos de los 30.000 para recordar a esas generaciones que a mediados del siglo pasado se organizaban contra quienes querían convertir al país en una colonia del imperialismo yanki y europeo. En la lectura se reivindicó el movimiento popular integrado por los obreros e industriales, las Ligas Agrarias, los trabajadores del campo, el movimiento estudiantil que impulsaba la unidad obrera y la gratuidad universitaria, los sacerdotes para el Tercer Mundo y el movimiento villero. Todos ellos protagonizaron levantamientos como el Cordobazo, Mendozazo, Tucumanazo y la huelga de Villa Constitución de 1975.

El documento reivindicó la militancia en diversas organizaciones como Montoneros, la FAP, el PRT-ERP, el PST, el Partido Comunista, Vanguardia Comunista y el Partido Comunista Revolucionario, entre cientos de espacios políticos, sindicales y estudiantiles. Asimismo, se señaló que la dictadura cívico-militar, que contó con el apoyo de grupos económicos, sectores de la Iglesia y la embajada de Estados Unidos, tuvo como antesala el gobierno de Isabel Perón con López Rega, la Triple A, la CNU y el Operativo Independencia, bajo el marco regional del Plan Cóndor.

La proclama denunció el modelo económico de la dictadura basado en la valorización financiera, desindustrialización y apertura de importaciones, el cual recurrió al terrorismo de Estado con más de 800 centros clandestinos de detención. Se exigió saber el paradero de los cuerpos de los fusilados y víctimas de los vuelos de la muerte, y se recordó a Rodolfo Walsh y su Carta Abierta que denunciaba la miseria planificada que benefició a apellidos como Blaquier, Noble Herrera, Pérez Companc, Rocca, Macri, Ford, Mercedes Benz, Martínez de Hoz, Braun, Fortabat y Madanes Quintanilla. También se mencionaron los crímenes de lesa humanidad contra conscriptos en Malvinas y se exigió justicia por las desapariciones de Jorge Julio López y los asesinatos de Silvia Suppo, Darío Santillán, Maxi Kosteki, Mariano Ferreyra, Carlos Fuentealba, Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Castro, Elías Garay, Luis Espinosa, Facundo Molares, Florencia Morales, Juan Gabriel González y Pablo Grillo.

El texto apuntó directo contra la actual gestión de Milei y Villarruel, acusándola de impulsar el mismo programa económico de la dictadura, profundizar la dependencia de Trump y el FMI, y vaciar las políticas públicas de Derechos Humanos. Denunciaron la intervención del Banco Nacional de Datos Genéticos, el recorte a la mitad en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y el desfinanciamiento de los espacios de memoria. Entre los reclamos urgentes, exigieron la apertura de archivos estatales de 1974 a 1983, cárcel común para los genocidas (criticando que el 80% goza de arresto domiciliario), la derogación del protocolo antiprotestas de Bullrich, la Ley Bases y los DNU 70/23 y 941/25. Por último, se pidió la libertad de presos políticos como Milagro Sala, Facundo Jones Huala, Milton Tolomeo, Daniel Vera y Cristina Fernández de Kirchner, junto con el cese de causas a Alejandro Bodart y Vanina Biassi, el desmantelamiento de políticas de género, el rechazo a la reforma laboral y un llamado a las centrales sindicales para iniciar un paro general y un plan de lucha.